Activistas de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a los que se les inició una causa por los daños que provocaron en la Municipalidad de San Martín de los Andes, acordaron una reparación económica. Uno de ellos es Pedro Jofré, quien además está preso por intento de homicidio (en una causa que se inició en paralelo) y al que desde aquella penosa mañana se conoce como el pistolero de ATE.
Desde la Justicia neuquina se informó que en una audiencia celebrada este viernes, el Juez Maximiliano Bagnat aceptó la salida alternativa al juicio acordada entre la fiscal Inés Gerez, la querella que representó a la municipalidad, y los abogados defensores de los imputados Rodrigo Pablo Contreras, Arnaldo Ariel Gallardo y el pistolero Jofré.
“El acuerdo consiste en una reparación de 400 mil pesos, que cada uno de los acusados deberá depositar en el término de cinco días”, dijeron desde la Justicia. Y agregaron que “esa suma cubriría los daños que recibió el edificio municipal en las manifestaciones del gremio ATE el 29 de julio de 2022. Una vez realizada la reparación económica se tramitará el sobreseimiento de los tres imputados en esta causa”.
También se informó que el próximo viernes, 7 de julio, se realizará la audiencia de control de acusación donde se decidirá la elevación a juicio en la causa en la que Pedro Darío Jofré está acusado, “por el intento de homicidio agravado por el uso de arma de fuego por tres hechos ocurridos en el mismo contexto”.
Jofré purga prisión preventiva luego de haber sido fotografiado mientras les apuntaba con un revolver a dos reporteros gráficos, a los que les disparó. Pero falló e hirió a una mujer. Jofré era parte de un grupo de manifestante de ATE que había viajado desde Neuquén capital a protestar.
Cabe recordar que a poco del penoso episodio, el secretario general de la CTA Autónoma, Alfredo Marcote, responsabilizó al conductor de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, a quien tiene de adversario en el gremio. Mientras que la concejal neuquina por la Democracia Cristiana, Nadia Márquez, denunció la existencia de una supuesta “mafia sindical”. Márquez es diputada provincial electa (por el frente que conduce el gobernador electo Rolando Figueroa) y precandidata a diputada nacional con respaldo del sector Libertario.