En una declaración polémica, Raúl Castells, líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, admitió haber promovido los saqueos que recientemente tuvieron lugar en diversas ciudades de Argentina. La fiscal federal Alejandra Mangano presentó una denuncia penal contra el líder social Raúl Castells, luego de que en declaraciones públicas se atribuyera la responsabilidad política de los recientes saqueos ocurridos en los últimos días.
Según Castells, "la gente estaba saliendo en busca de alimentos y, en caso de no encontrarlos, su movimiento proponía tomar lo que necesitaban sin dañar ni robar nada, con la intención de canjearlo por comida".
"Es un honor que me hagan una causa judicial por reclamar contra el robo de los precios de la comida. Si se les ocurre meterme preso, va a haber miles de personas reclamando mi libertad", afirmó Raúl Castells en diálogo con AM550 y CN24/7.
"¿Quién es el autor de los hechos delictivos, el pueblo neuquino o La Anónima? Ellos fueros quienes aumentaron los precios al doble y generaron estos saqueos", agregó el dirigente social.
El dirigente social argumentó que los saqueos no deberían ser considerados como actos criminales, ya que el verdadero delito radica en los altos precios de los alimentos básicos. Castells denunció que el precio del kilogramo de milanesa llega a $4,200, mientras que el kilo de papa y azúcar alcanzan los $1,000 cada uno. Además, afirmó que los vecinos, amas de casa y personas de los barrios que participaron en los saqueos no deberían ser etiquetados como ladrones, sino que la responsabilidad recae en el gobierno por no suministrar los alimentos necesarios y en los supermercados por aumentar los precios.
La denuncia fue presentada en la mañana por dirigentes de Republicanos Unidos, siendo firmada por los abogados Yamil Santoro y Juan Manuel Fazio, así como por María del Rosario Cisneros y Facundo Sapienza. La acusación se basa en que Castells habría violado el artículo 209 del Código Penal, que sanciona con una pena de prisión de 2 a 6 años a quien "públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución".