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Viernes 25 de Abril, Neuquén, Argentina
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Para la defensa de la constructora "querían hacer negocios y se fundieron"

Se trata de Compac Construcciones, fueron denunciados por estafas por $25.333.248 y U$ 221.737. La defensa pedirá "una recomposición a las víctimas".
Viernes, 15 de noviembre de 2024 a las 12:49

Este jueves se conoció la noticia de que la Justicia de Neuquén amplió la acusación a un segundo imputado, en un caso contra la empresa Compac Construcciones por estafas en la construcción de viviendas. A la acusación de Alejandro Comizzo, el gerente general de la firma, ahora se sumo la de Bernardo Comizzo, su hermano, quien es representado por la defensa pública, luego de nuevas denuncias por parte de otro grupo de victimas, impulsaron esta decisión judicial. El defensor de Alejandro, Fredy Morate, sostiene la inocencia bajo el argumento de que no hubo intención de estafar, y pedirá "una recomposición a las víctimas" con la intención de saldar los intereses de ambas partes y "respetando los montos denunciados".

Según consta en el expediente, desde noviembre de 2019 hasta septiembre de 2022, hubo 14 hechos que fueron denunciados como estafas, e implicaron un perjuicio de $25.333.248 y U$ 221.737 a las víctimas.

Se los acusa de "haber montado una estructura con tres oficinas para atraer clientes" en las que, durante esos años, abrieron tres sedes: una en J.J. Lastra 1120, otra en Rivadavia 340, y otra en Pampa 355, todas en la capital de Neuquén. Ofrecían servicios de construcción en seco bajo las modalidades de “steel framing” y “wood framing”.

Alejandro Comizzo, el gerente general de Compac Construcciones

Fredy Morate, el abogado de Alejandro, uno de los hermanos titulares de la empresa, sostuvo que la intención nunca fue "cometer estafas", y que en realidad "ellos estaban tratando de hacer negocios y se fundieron". La estrategia de la defensa es demostrar que, por diversos motivos -entre ellos el asilamiento que generó la pandemia- no pudieron cumplir con los plazos que prometían a los clientes, y que eso desembocó en la quiebra de la firma. 

Para sostener estos argumentos, Morate enfatizó que "la empresa cuenta con nomina de empleados", y que la sociedad "estaba correctamente constituida". En ese sentido aseguró que "esta gente no tenía una pantalla", pero reconoció que hubo un "incumplimiento contractual", lo que generó un perjuicio económico, no obstante esto ocurrió sin la "intención de defraudar".

Algunas viviendas si se habrían finalizado, sostuvo el abogado

El fiscal del caso Juan Narváez, y la asistente letrada de la unidad fiscal de Delitos Económicos, Agustina Jara sostuvieron que los imputados "generaban confianza en sus clientes a fin de que contrataran con la empresa”, y así “les hacían incurrir en el error de pensar que se trataba de una empresa seria, firmaban un contrato y le entregaban dinero”.

También buscaron demostrar cómo "desplegaban una puesta en escena", según consignó el MPF, que consistía en exhibir a sus "futuros clientes" los catálogos de casas que supuestamente habían construido y las instalaciones de la empresa, "donde las víctimas podían observar materiales de construcción acopiados y gente trabajando".

“Además, los imputados aprovechaban la ocasión para resaltar que estaban construyendo varias casas, que también contaban con oficinas en la ciudad de Bahía Blanca y que pensaban abrir más sucursales en otras localidades de la región”, precisó Narváez.

Para la fiscalía, las viviendas nunca se construyeron y, en los casos que comenzaron las obras, se estancaron apenas iniciadas

Por su parte, Morate confirmó que buscará un resarcimiento para las familias denunciantes, pese a que no está comprobado que sean solventes para desembolsar una suma tan abultada. 

"La idea es buscar alternativas" con la intención de "demostrar que la intención nunca fue defraudar". también brindó detalles sobre obras que si se habrían finalizado y entregado en Bahía Blanca y en Monte Hermoso, de hecho agregó que "la denuncia fue desestimada en Bahía Blanca, ya que no hubo dolo", explicó el letrado. 

No obstante, para la fiscalía, las viviendas nunca se construyeron y, en los casos que comenzaron las obras, se estancaron apenas iniciadas. También tildaron de "excusas" a las dilaciones de tiempo, cuando en realidad buscaban ganar tiempo para "levantar las oficinas e interrumpir el contacto con las víctimas".

La jueza a cargo de la audiencia, Natalia Pelosso dictó una prórroga en la inhibición de bienes que ya regía en la investigación, y se impuso a los imputados una prohibición para salir del país y los obliga a presentarse todos los meses ante el Ministerio Público Fiscal. 

 

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