En un día que cuenta con la visita de varios ministros del gabinete nacional en Neuquén, entra en vigencia un nuevo sistema judicial en la región de la Patagonia Norte partir de este lunes. El fiscal asumirá la responsabilidad exclusiva de la acción pública. Según explicó en una conferencia en el Centro de Convenciones "El Domuyo" el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, esta reforma transforma la estructura judicial tradicional, separando claramente los roles de fiscal, defensor y juez.
En cuanto a las funciones, el fiscal liderará la investigación, mientras que el juez, que deja de ser un juez de instrucción, pasará a desempeñar el rol de "juez garante", encargándose únicamente de medidas como allanamientos, detenciones y escuchas telefónicas.
Este modelo, que ya se implementa con éxito en otras partes del país, como Salta, Jujuy y Rosario, busca hacer más eficiente y ágil el sistema judicial, permitiendo una justicia más rápida y accesible. "Es un sistema probado empíricamente que requiere un gran esfuerzo de todos los operadores judiciales, y en esta región contamos con funcionarios ejemplares", destacó Cuneo Libarona. La reforma incluye una capacitación intensiva de jueces, fiscales y defensores, así como una mejora en la infraestructura tecnológica para optimizar los procesos judiciales.
El ministro destacó el trabajo conjunto con los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, quienes apoyaron activamente la implementación del sistema. Este esfuerzo, según el funcionario, no solo se trata de mejorar la eficiencia judicial, sino de dar respuestas concretas a los desafíos que enfrenta la sociedad en materia de justicia. La meta es expandir este nuevo modelo a toda la Argentina en los próximos años, con la implementación ya proyectada para la Patagonia Sur en diciembre.
En cuanto al impacto en los jueces, el ministro aclaró que la reforma no les quita poder, sino que reordena sus funciones. El juez mantiene su capacidad de decisión en cuestiones de gran trascendencia, pero pierde el rol de instructor, una figura que ya está superada a nivel mundial. Con esta reforma, Argentina busca modernizar su sistema judicial y garantizar una justicia más eficiente, rápida y alineada con los valores promovidos por el gobierno, como la protección de la vida, la libertad y la propiedad.