La historia de NRG Argentina SA, una de las principales proveedoras de arenas para el fracking en Vaca Muerta, viró bruscamente de ser símbolo de expansión y generar una pelea entre ciudades para su instalación, a convertirse en un caso testigo de cómo la ingeniería financiera puede socavar una empresa desde adentro. A partir de la detección de una maniobra de sobrefacturación de importaciones por más de 80 millones de dólares, la firma terminó con sus cuentas embargadas, un pedido de convocatoria de acreedores y cerca de 200 trabajadores despedidos en los últimos meses.
La investigación, que logró reconstruir el entramado completo, reveló un esquema sofisticado: importaciones de maquinaria pesada a valores inflados, triangulación de fondos entre sociedades vinculadas y liquidación de divisas en el mercado financiero paralelo. Todo bajo el amparo de beneficios fiscales otorgados por la Ley de Inversiones Mineras y utilizando el dólar oficial cuando la brecha con el tipo de cambio libre superaba el 100%.
La causa, iniciada tras una denuncia de la AFIP-Aduana, apunta contra directivos y accionistas de la compañía, entre ellos Oscar Güercio, Damián Strier, Pablo Marull y Karina Cantafio (despachante de Aduana), quienes fueron procesados por contrabando agravado, evasión y lavado de activos. Según consta en el expediente judicial, la operación más escandalosa involucró el giro de 43 millones de dólares desde el Banco Central hacia la firma estadounidense Marull Heavy Equipment LLC, que tenía como apoderado al propio Güercio, en un claro conflicto de intereses. De allí, 37 millones retornaron al país a través de una cuenta en Allaria, una sociedad de Bolsa, y fueron liquidados mediante operaciones de contado con liquidación (CCL).
La fiscalización determinó “diferencias sustanciales” entre los montos declarados para la importación de equipamiento destinado a una planta de arenas silíceas -clave para el desarrollo no convencional de hidrocarburos- y el valor real de mercado. En total, se calcula que el desvío de fondos alcanzó los 83 millones de dólares. Los billetes verdes eran comprados a precio oficial entre 2019 y 2022, cuando regía un férreo cepo cambiario.
Un presente con números rojos
Los efectos de la causa penal se sienten con fuerza en la estructura de NRG. El pedido de convocatoria fue presentado el 5 de junio ante el Juzgado Comercial N° 30 de Buenos Aires, en un intento por evitar la quiebra y lograr oxigeno para operar. Según la documentación aportada por la propia empresa, el pasivo supera los 710.000 millones de pesos, mientras que sus activos apenas alcanzan los 650.000 millones, lo que arroja un patrimonio neto negativo superior a los 60.000 millones de pesos. Traducido a dólares oficiales, la compañía admite deber más de 50 millones.
El listado de acreedores incluye a unas 500 personas y firmas, mientras que en la planta ubicada en Allen ya se concretaron más de 200 despidos. La situación es aún más crítica considerando que, según su plan de negocios original, NRG debía producir al menos 1.500.000 toneladas de arena al año, pero en 2024 apenas superó las 600.000.
La caída de la demanda de arenas -estimada en unas 130.000 toneladas menos por mes- y el encarecimiento de los costos operativos en comparación con provincias como Entre Ríos, donde el procesamiento cuesta un 50% menos, también empujaron a la compañía al borde del abismo.