La polémica mansión construida en una zona prohibida del Área Natural Protegida Paso Córdoba, no será demolida. Cuando parecía que el Municipio de Roca estaba a un paso de concretarlo, la Cámara de Apelaciones Civil decidió ponerle un freno y ordenó suspender cualquier intervención sobre el inmueble hasta que exista una sentencia definitiva.
La decisión judicial abre un paréntesis en uno de los conflictos urbanísticos y ambientales más resonantes de los últimos años en Roca. Los jueces entendieron que permitir la demolición antes de resolver el fondo de la disputa podría provocar un daño irreversible. En otras palabras, si la vivienda fuera derribada ahora y posteriormente los propietarios obtuvieran una resolución favorable, ya no habría forma de revertir las consecuencias materiales de esa medida.
Mientras tanto, la gestión de María Emilia Soria mantiene firme su postura. Desde el inicio del expediente sostiene que la construcción fue realizada en infracción a las normas que protegen uno de los sectores más sensibles de Paso Córdoba. Según la comuna, la vivienda fue levantada dentro de un área donde las restricciones ambientales y urbanísticas son estrictas precisamente para preservar el patrimonio natural del lugar.
El conflicto se remonta a julio de 2024, cuando las autoridades municipales detectaron la obra y avanzaron con una orden de demolición. A esa medida se sumó una multa superior a los 12 millones de pesos impuesta por el Juzgado de Faltas, que consideró acreditada la violación de la normativa vigente. Sin embargo, los propietarios rechazaron las acusaciones y aseguraron que el inmueble formaba parte de un proyecto turístico, iniciando una larga batalla administrativa y judicial.
Con el paso de los meses, la tensión fue escalando. Ante el incumplimiento de la orden original, el Municipio aplicó astreintes, es decir sanciones económicas destinadas a presionar para que se cumpliera la demolición. Pero las medidas no lograron destrabar la situación y el expediente continuó acumulando recursos, apelaciones y nuevos planteos.
La situación se agravó aún más en agosto de 2025, cuando la jueza de Faltas Estefanía Rivero volvió a ordenar la demolición efectiva de la vivienda. En esa resolución dispuso además la participación de distintas áreas técnicas municipales para ejecutar los trabajos necesarios y concretar el derribo. Todo indicaba que el desenlace estaba cada vez más cerca.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones evaluó que las circunstancias habían cambiado. Los propietarios acreditaron nuevas actuaciones administrativas que, según los jueces, podían habilitar una ejecución inmediata de la demolición. Frente a ese escenario, el tribunal resolvió dictar una prohibición de innovar y ordenó al Municipio abstenerse de realizar actos de demolición, remoción o alteración sobre las construcciones existentes.
Por ahora, la casa construida en una zona donde el Municipio sostiene que nunca debió levantarse seguirá en el mismo lugar. La orden de demolición no fue anulada y tampoco se resolvió si la obra es legal o ilegal. Lo único que cambió es que el derribo quedó congelado. La batalla judicial continúa abierta y será una sentencia definitiva la que determine si la polémica vivienda de Paso Córdoba termina siendo demolida o logra sobrevivir a uno de los enfrentamientos más duros entre particulares y el Municipio de Roca.
