La Justicia de Bariloche puso bajo la lupa una serie de contrataciones directas realizadas durante la gestión del exintendente Gustavo Gennuso y que hoy derivaron en una investigación por presunta administración fraudulenta. La causa, impulsada a partir de una denuncia presentada por el actual jefe comunal Walter Cortés, busca determinar si existieron irregularidades en acuerdos celebrados con la firma OPS SACI, una empresa que reclama al municipio una deuda de 15,3 millones de dólares por servicios prestados con unas 30 máquinas viales y camiones entre 2019 y 2023.
La ampliación de la investigación fue ordenada por el fiscal Inti Isla, quien incorporó nuevos elementos a una causa que ya tiene como principal imputado al exintendente Gennuso y alcanza además a varios exfuncionarios de las áreas de Obras Públicas y Hacienda. La sospecha judicial apunta a una sucesión de contrataciones directas que habrían sido justificadas por razones de urgencia y necesidad operativa, aunque la Fiscalía considera que esas circunstancias excepcionales podrían no haber sido debidamente acreditadas.
Pero detrás de los expedientes administrativos aparece un dato explosivo. La empresa OPS SACI, dedicada a servicios vinculados a la actividad petrolera y al movimiento de equipos pesados, sostiene que puso a disposición del municipio cerca de 30 máquinas viales, camiones y equipos especiales durante varios años. Por esos trabajos, la firma reclama actualmente 15,3 millones de dólares, una cifra que sacude las finanzas municipales y que se transformó en uno de los ejes centrales del conflicto.
Cómo se realizó la contratación
Además, los investigadores intentan determinar si los mecanismos de contratación utilizados por el municipio respetaron los controles establecidos por la normativa vigente. Según surge de la resolución fiscal, existen dudas sobre la justificación de las contrataciones directas, la falta de procedimientos de selección más amplios y la situación económica que atravesaba la empresa contratada, que posteriormente terminó transitando un proceso de quiebra.
La hipótesis bajo análisis sostiene que esas decisiones pudieron generar compromisos económicos de enorme magnitud para las arcas municipales. Por ese motivo, la Fiscalía intenta reconstruir cada contratación, cada autorización y cada pago realizado durante el período investigado para establecer si existió un perjuicio concreto para el patrimonio público y quiénes fueron los responsables de las decisiones cuestionadas.
En el expediente aparecen mencionados, además de Gennuso, el exsecretario de Obras y Servicios Públicos Carlos Daniel Cairo, el exsubsecretario Eduardo Enrique Garza, el exsecretario de Hacienda Diego Quintana y la exdirectora General de Políticas Tributarias de Hacienda Lilian Elizabeth Baroni. Todos formaban parte de áreas clave en la aprobación, control y ejecución de los contratos ahora bajo investigación.
Administración fraudulenta
Mientras tanto, la Fiscalía atribuyó provisoriamente los hechos al delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, una figura penal que contempla conductas vinculadas al manejo irregular de recursos estatales. Sin embargo, la calificación podría modificarse a medida que avance la producción de pruebas y se determinen con mayor precisión las responsabilidades individuales.
Ahora comienza una etapa decisiva. La Justicia ordenó nuevas medidas probatorias para esclarecer las circunstancias de los hechos denunciados, identificar responsables y definir si corresponde avanzar con una acusación formal.
Complicaciones políticas
La investigación puede complicar las aspiraciones de Gennuso a nivel provincial teniendo en cuenta que rige la ley de Ficha Limpia para personas con sentencia firme. El ex intendente coquetea con María Emilia Soria para ser su compañero de fórmula y también es pretendido por el sector libertario que lo nombró como presidente de la fundación Intecnus, de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
El exintendente íntegró la conducción de Juntos Somos Río Negro como Secretario General, pero quedó afuera de la estructura tras distanciarse del gobernador Alberto Weretilneck.
