Marcelo Román prepara su regreso a la Municipalidad de Allen y, lejos de buscar cerrar el conflicto, anticipó una nueva batalla: confirmó que volverá al Ejecutivo, revisará cada una de las actuaciones realizadas durante su suspensión y, junto con sus abogados, prepara denuncias judiciales y penales contra los seis concejales que impulsaron su desplazamiento. El anuncio llega horas después de que el Superior Tribunal de Justicia anulara las ordenanzas que lo habían apartado del cargo y declarara que el Concejo Deliberante había excedido sus competencias.
En ese escenario, el intendente de La Libertad Avanza ya puso fecha para su regreso. Según anticipó, esperará que primero llegue la notificación formal al Concejo y aseguró que se presentará en el Municipio entre las 10 y las 12. Pero no piensa hacerlo como quien simplemente vuelve a ocupar una oficina. Román pretende recuperar el control del Ejecutivo y exigirá que quienes quedaron al frente durante su suspensión abandonen el edificio municipal.
Además, el retorno tendrá una etapa administrativa que puede convertirse en otro foco de tensión. El intendente adelantó que deberá realizarse un traspaso y que se revisará todo lo actuado durante las semanas en las que permaneció apartado. En otras palabras, habrá que mirar expediente por expediente para determinar qué decisiones fueron tomadas, cuáles quedaron alcanzadas por la nulidad dispuesta por el STJ y qué medidas deberán ser revertidas.
Y mientras prepara ese desembarco, Román ya decidió que tampoco dejará pasar lo ocurrido en el Concejo Deliberante. El intendente confirmó que sus abogados, los hermanos Mateo y Joaquín Hertzriken Catena trabajan en presentaciones judiciales contra los seis concejales que impulsaron la suspensión. La ofensiva, además, podría no quedarse solamente en los ediles. Román mencionó también a integrantes del Tribunal de Cuentas y a otras personas que participaron del proceso que terminó con su desplazamiento temporal. Entre las figuras penales que analiza plantear aparecen el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque será la Justicia la que deberá determinar si existió delito y, eventualmente, qué responsabilidad corresponde a cada involucrado.
El argumento político de Román se apoya, justamente, en el corazón del fallo que acaba de darle la razón. El STJ sostuvo que el Concejo Deliberante no tenía competencia para suspenderlo bajo el artículo 109 de la Carta Orgánica porque esa norma exige la existencia de un procesamiento penal. Para los jueces, una formulación de cargos no puede ser presentada como equivalente, ya que corresponde a una etapa inicial y provisoria de una investigación.
