El avance de la causa por estafas con planes sociales en Neuquén sumó un nuevo capítulo de tensión judicial. El Ministerio Público Fiscal intentó frenar el reloj del proceso ante el riesgo de que los plazos se agoten antes de que se revisen las condenas, pero la Justicia rechazó el planteo y ordenó seguir adelante sin modificaciones.
El pedido fue formulado durante una audiencia de control de la investigación por el fiscal Juan Narváez, con la adhesión del representante de la Fiscalía de Estado, Gustavo Kohon. Ambos advirtieron que la complejidad del expediente y los tiempos judiciales actuales generan un escenario delicado: la audiencia de impugnación recién está prevista para fines de julio, lo que implica varios meses sin actividad sustancial.
Según explicó la fiscalía, ese período de inactividad —estimado en alrededor de cinco meses—, sumado a otras demoras propias de un caso de gran escala, podría poner en riesgo el cumplimiento del plazo máximo del proceso, que vence en noviembre de 2026. Por eso solicitaron suspender el cómputo de los plazos hasta que intervenga el Tribunal de Impugnación.
Sin embargo, el juez de garantías Luis Giorgetti rechazó el planteo de manera contundente. Consideró que la solicitud carece de sustento legal y que fue presentada de forma prematura, ya que el eventual vencimiento aún no ocurrió. En su resolución, el magistrado remarcó que las normas invocadas por la fiscalía no aplican a este caso, ya que refieren a situaciones diferentes, como prórrogas acordadas o reposiciones de plazos ya vencidos.
Además, advirtió que acceder a lo solicitado podría afectar derechos de los imputados, especialmente de aquellos que cumplen prisión domiciliaria, ya que implicaría paralizar el avance del proceso.
Las defensas, que se opusieron al pedido, habían planteado argumentos similares: sostuvieron que no existe normativa que habilite una suspensión de este tipo y que la discusión es abstracta mientras no haya un vencimiento concreto.
Una causa compleja y de alto impacto
El expediente por las estafas con planes sociales es considerado uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años en la provincia. La investigación comenzó en 2022 y fue declarada como causa compleja, en función del volumen de información analizada y la cantidad de personas involucradas.
La fiscalía detalló que el proceso implicó pericias contables e informáticas de gran escala, además del análisis de maniobras que se extendieron durante casi dos años. Según la acusación, entre septiembre de 2020 y julio de 2022 se montó un esquema de administración irregular de planes sociales que derivó en múltiples fraudes contra el Estado.
Condenas y exfuncionarios implicados
En diciembre pasado, un tribunal dictó sentencia contra doce personas por su participación en las maniobras. Entre los condenados se encuentran exfuncionarios provinciales de alto rango.
Abel Di Luca, Tomás Siengentharler y Ricardo Soiza recibieron penas de cinco años de prisión efectiva, mientras que el resto de los imputados fue condenado a penas de entre tres y cuatro años y medio. En algunos casos, las condenas son de cumplimiento efectivo y en otros, condicional.
Además, todos los condenados fueron alcanzados por la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, una medida que refuerza el impacto institucional del caso.
Lo que viene
El foco ahora está puesto en la instancia de impugnación, donde las defensas buscarán revertir las condenas y la fiscalía sostenerlas. Sin embargo, el calendario judicial y los plazos procesales se transformaron en un nuevo frente de disputa.
Con el rechazo al pedido del Ministerio Público Fiscal, el proceso continúa bajo las reglas actuales, mientras crece la preocupación por la posibilidad de que los tiempos judiciales jueguen un papel determinante en el desenlace del caso.
