Acompañada por una veintenade policías y peritos de Criminalística, la fiscal Judith Saccomandi se presentó en la Municipalidad de Cinco Saltos. Con la orden judicial en la mano, realizó un allanamiento en búsqueda de pruebas sobre la causa de extrema gravedad que investiga maniobras de corrupción, malversación de fondos públicos y falsificación de documentación oficial. El operativo tuvo como objetivo secuestrar contratos, órdenes de pago y expedientes administrativos vinculados a una operatoria en la que se habría la identidad de un joven para facturar cifras que rondan los 40 millones de pesos al Estado municipal.
El procedimiento se concretó en las primeras horas del día y fue ejecutado por personal de la Fiscalía descentralizada de Cinco Saltos con apoyo de efectivos de la Comisaría 7° y Gabinete de Criminalística. La orden judicial apuntó directamente al corazón administrativo del municipio, donde los investigadores buscaron pruebas clave para reconstruir cómo se habrían autorizado contrataciones irregulares y qué destino tuvo el dinero público.
Todo comenzó a partir de una denuncia presentada por el Tribunal de Cuentas, que detectó movimientos llamativos en la contabilidad municipal. Según consta en el expediente, un joven de apenas 22 años aparecía como proveedor del municipio, con contratos millonarios a su nombre, pese a no contar con estructura comercial, bienes ni antecedentes que justifiquen semejantes montos.
Pero el escándalo escaló cuando el propio joven se presentó ante la Justicia y lanzó una acusación demoledora: aseguró que nunca firmó esos contratos y que le robaron la identidad. De acuerdo a su testimonio, sus datos personales habrían sido utilizados para montar una operatoria administrativa irregular, con firmas presuntamente falsificadas y facturación trucha.
Con estos elementos sobre la mesa, la Fiscalía investiga delitos como defraudación a la administración pública, malversación de fondos y falsificación de documentos. En ese marco, el allanamiento buscó secuestrar contratos originales, resoluciones internas, comprobantes de pago y archivos digitales que permitan seguir el rastro del dinero y determinar responsabilidades.
El impacto político fue inmediato. El intendente de Cinco Saltos, Enrique Rossi, confirmó que puso al municipio a disposición de la Justicia y anunció que le pidió la renuncia al secretario de Gobierno, Sebastián Crespo, en una decisión presentada como preventiva. Desde el Ejecutivo aseguraron que entregaron toda la documentación que sea requerida por la Fiscalía.
