La investigación judicial por el presunto direccionamiento de contrataciones públicas en la Municipalidad de Plottier, durante la gestión del exintendente Luis Bertolini, sumó una nueva decisión: la Justicia rechazó el pedido de la defensa de uno de los empresarios imputados para levantar el pedido de secuestro de un camión que, según la Fiscalía, está vinculado con las maniobras que son objeto de investigación.
El planteo fue analizado durante una audiencia de control de la investigación. Allí, la defensa solicitó que se dejara sin efecto la medida que pesa sobre el vehículo, mientras que el fiscal jefe del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, Pablo Vignaroli, se opuso y argumentó que el camión constituye un elemento de prueba relevante para la causa.
La jueza Álvarez rechazó finalmente el pedido de levantamiento, aunque contempló una alternativa propuesta por la Fiscalía para evitar que la medida impida al empresario continuar utilizando el vehículo.
Por qué la Fiscalía quiere mantener secuestrado el camión
Durante la audiencia, Vignaroli explicó que el pedido de secuestro debe mantenerse porque el camión habría sido utilizado en las maniobras que se encuentran bajo investigación. Por ese motivo, el vehículo podría aportar elementos relevantes para reconstruir los hechos y determinar la responsabilidad de las personas imputadas.
Pero, además de su valor como evidencia, el fiscal jefe planteó otro argumento: en caso de que la investigación derive eventualmente en una condena, el camión podría quedar alcanzado por el decomiso previsto en el artículo 23 del Código Penal.
De esta manera, para la Fiscalía la medida no se limita a preservar una posible prueba, sino que también busca garantizar que el bien permanezca sujeto a la investigación judicial mientras se determina qué ocurrió y cuál fue la participación de cada uno de los acusados.
La defensa, en cambio, pretendía que el pedido de secuestro fuera levantado y que el empresario pudiera disponer del vehículo sin las restricciones derivadas de la medida judicial.
Una alternativa para que el empresario pueda seguir usando el vehículo
Frente al planteo de la defensa, la Fiscalía ofreció una alternativa destinada a compatibilizar la preservación de la prueba con la posibilidad de que el empresario continúe utilizando el camión.
La propuesta consiste en que el propietario ponga el vehículo a disposición de la investigación para que se realicen las medidas que sean necesarias. Una vez cumplidas esas diligencias, podría ser designado como depositario judicial.
De esta manera, el empresario podría continuar utilizando el camión, pero bajo las condiciones establecidas por la Justicia y manteniendo el vehículo sujeto a las obligaciones derivadas de su condición de bien involucrado en la causa.
La jueza Álvarez rechazó el levantamiento del pedido de secuestro, aunque contempló esta posibilidad planteada por la Fiscalía.
La decisión mantiene, por lo tanto, la medida judicial sobre el vehículo y permite que la investigación avance sobre uno de los elementos que la acusación considera relacionado con las contrataciones cuestionadas.
La causa que investiga las contrataciones en Plottier
El expediente está a cargo de la unidad fiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Neuquén y tiene como objetivo determinar si durante la gestión del exintendente de Plottier Luis Bertolini funcionó un sistema de contrataciones públicas destinado a beneficiar de manera sistemática a determinados proveedores.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que el supuesto mecanismo se habría desarrollado durante un período prolongado y que habría involucrado tanto a funcionarios municipales como a empresarios que resultaban beneficiados con las adjudicaciones.
En abril, la Fiscalía formuló cargos contra Bertolini, la exsubsecretaria de Hacienda Gladys Ramírez y los empresarios identificados en la causa con las iniciales P.V. y M.L.
Según la acusación presentada por los fiscales, entre enero de 2024 y marzo de 2026 los funcionarios municipales habrían intervenido deliberadamente en distintos procesos administrativos con el objetivo de favorecer a los dos proveedores investigados.
Más de 160 contratos y $2.300 millones bajo la lupa
Uno de los principales elementos que forman parte de la investigación es la cantidad y el volumen económico de las contrataciones cuestionadas. De acuerdo con la información aportada por la Fiscalía, durante el período investigado se otorgaron al menos 160 contratos por un monto superior a los $2.300 millones.
La acusación sostiene que en los procedimientos objetados se repetía una modalidad: los mismos proveedores eran invitados de manera sistemática a presentar cotizaciones y posteriormente terminaban resultando adjudicatarios.
Para los investigadores, esa reiteración constituye uno de los elementos que permiten sostener la hipótesis de un posible direccionamiento de las contrataciones.
La Fiscalía no analiza solamente quiénes resultaron adjudicatarios, sino también cómo fueron desarrollados los procedimientos administrativos que terminaron en esas adjudicaciones.
En el avance de la investigación, los fiscales detectaron una serie de situaciones que, según la acusación, podrían haber permitido beneficiar a determinados proveedores.
Entre ellas se encuentran la falta de publicidad de los procesos de contratación y el incumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para la participación de oferentes.
También se detectó, de acuerdo con la hipótesis fiscal, el uso de contrataciones directas sin que se encontraran debidamente acreditadas situaciones de urgencia que justificaran recurrir a ese mecanismo.
A esto se suman adjudicaciones que, según la Fiscalía, carecían de fundamentos suficientes y pagos efectuados sin constancias que acreditaran la efectiva recepción de los bienes o servicios contratados.
El conjunto de estos elementos forma parte de la evidencia que los investigadores utilizan para intentar establecer si las irregularidades fueron hechos aislados o si, por el contrario, respondieron a un mecanismo coordinado destinado a favorecer a determinados proveedores.
Qué rol habría cumplido cada imputado
La hipótesis presentada por la Fiscalía sostiene que los cuatro imputados habrían tenido diferentes funciones dentro de una maniobra que, de acuerdo con la acusación, habría sido coordinada. Los funcionarios públicos habrían intervenido en las decisiones administrativas y en el control de los distintos pasos que conformaban el circuito de contratación municipal.
Los empresarios, por su parte, habrían cumplido un papel vinculado con la recepción de las adjudicaciones y el flujo económico derivado de los procedimientos cuestionados. En este marco, Bertolini y Ramírez fueron imputados como coautores, mientras que los empresarios P.V. y M.L. fueron acusados como partícipes necesarios.
La calificación legal establecida provisoriamente es la de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, bajo la modalidad de delito continuado.
Se trata de una calificación provisoria dentro de una investigación que todavía se encuentra en curso y en la que deberán producirse y analizarse nuevas medidas de prueba antes de determinar las responsabilidades que eventualmente correspondan.
