Durante dos días, la sala judicial fue escenario de una discusión intensa, técnica y cargada de tensión. Allí, entre planteos de la defensa, objeciones y resoluciones, terminó de tomar forma una causa que pone bajo la lupa a la conducción del municipio de Plottier.
La jueza de garantías Carina Álvarez, después de escuchar a las partes, resolvió que la acusación tiene sustento suficiente para avanzar. “Hay evidencia en cantidad y calidad para tener por formulados los cargos”, afirmó.
Con esa definición, el intendente Luis Bertolini y la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, quedaron formalmente imputados en una investigación que apunta directamente al funcionamiento del sistema de contrataciones municipales.
La hipótesis que sostiene la fiscalía no habla de irregularidades aisladas. El fiscal jefe Pablo Vignaroli describió un esquema sostenido en el tiempo, una mecánica que —según la acusación— se repitió desde el inicio de la gestión, entre enero de 2024 y marzo de 2026.
La idea central es clara: se habría montado un circuito administrativo para favorecer de manera sistemática a dos proveedores, identificados como P.V. y M.L., quienes habrían sido invitados a participar de prácticamente todas las convocatorias y, en la mayoría de los casos, resultaban adjudicatarios.
En ese período, siempre de acuerdo a la investigación, se otorgaron al menos 160 contratos por más de 2.300 millones de pesos.
El funcionamiento del esquema, según se reconstruyó en la audiencia, comenzaba con pedidos de distintas áreas del municipio. Esas solicitudes pasaban por la subsecretaría de Hacienda y luego llegaban al área de compras, que invitaba a cotizar reiteradamente a los mismos oferentes. El resultado, muchas veces, era una adjudicación sin competencia real.
La fiscalía enumeró una serie de irregularidades que, en conjunto, sostienen la acusación: procesos sin la debida publicidad, ofertas únicas, desestimaciones sin fundamentos de otros proveedores, contrataciones directas sin justificar urgencias y pagos realizados sin constancias claras de recepción de bienes o servicios.
Un circuito coordinado con roles específicos
Para los investigadores, no se trata de desprolijidades administrativas, sino de un circuito coordinado en el que cada actor cumplía un rol específico. Los funcionarios, en la toma de decisiones y control del proceso; los particulares, en la canalización de las adjudicaciones y el flujo económico.
Bajo esa lógica, los hechos fueron encuadrados provisoriamente como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de delito continuado.
La causa, además, fue declarada compleja. El pedido del Ministerio Público Fiscal se apoyó en el volumen de contratos bajo análisis, la cantidad de documentación y la posible existencia de una estructura vinculada a criminalidad económica organizada. La jueza hizo lugar y fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.
En ese tiempo, se avanzará con el análisis de dispositivos electrónicos, la revisión integral de expedientes administrativos, entrevistas a personal municipal y estudios contables y bancarios que permitan seguir el rastro del dinero.
Antes de que se formalizaran los cargos, la defensa del intendente intentó apartar al fiscal jefe. Planteó la inconstitucionalidad parcial de la norma que regula el funcionamiento interno del Ministerio Público Fiscal, pero el planteo fue rechazado por extemporáneo. La jueza consideró que la defensa ya conocía la resolución que ratificaba al fiscal y no la había impugnado a tiempo.
También fue desestimado el pedido de nulidad de los allanamientos. La magistrada sostuvo que no se acreditó perjuicio concreto y que las medidas habían sido autorizadas con base en la información presentada por la fiscalía. “Si no hay agravio, la nulidad no puede prosperar”, resumió.
Con esos intentos desactivados, el proceso quedó en condiciones de avanzar.
En el tramo final de la audiencia, la fiscal del caso, Rocío Rivero, advirtió sobre un posible riesgo de entorpecimiento de la investigación. Señaló la capacidad de influencia de los imputados y la posibilidad de afectar pruebas o testigos.
En ese contexto, solicitó medidas cautelares, entre ellas embargos, inhibiciones de bienes y, en el caso del intendente, detención domiciliaria. La jueza decidió tomarse un cuarto intermedio para resolver ese punto.
De manera provisoria, sí dispuso el embargo de las cuentas de los dos proveedores imputados.
El expediente recién empieza a desplegarse. Pero lo que dejó la audiencia es una señal clara: la Justicia considera que hay elementos suficientes para investigar a fondo. Y en Plottier, la política ya empezó a sentir el impacto de una causa que promete tener nuevas derivaciones.
