La causa judicial que tiene en el centro de la escena al intendente de Plottier, Luis Bertolini, entró en una instancia decisiva este lunes luego de que la Fiscalía solicitara un cuarto intermedio en plena audiencia de formulación de cargos. El objetivo: incorporar una batería de pruebas documentales que podrían ser determinantes para sostener la acusación.
Según se detalló en la audiencia, el Ministerio Público Fiscal prevé presentar alrededor de 160 contratos que formarían parte de un presunto esquema de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario. El monto bajo sospecha supera los 2.300 millones de pesos.
La investigación, que se originó a partir de una denuncia por irregularidades dentro del municipio, fue escalando con el correr de los meses hasta alcanzar al propio jefe comunal. De acuerdo a la hipótesis fiscal, entre enero de 2024 y marzo de 2026 se habría montado un mecanismo sostenido para favorecer a una empresa privada, con contrataciones reiteradas y decisiones administrativas que seguían un mismo patrón.
Uno de los puntos más sensibles del expediente es el vínculo entre esa firma y el entorno municipal: uno de sus propietarios tendría relación familiar con la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, también imputada en la causa junto a otras dos personas.
Durante la audiencia, además, las defensas solicitaron la participación de la Fiscalía de Estado, mientras que se dejó en claro que el número final de contratos aún no está cerrado, lo que podría extender el análisis del caso. En ese marco, la jueza de Garantías, Carina Álvarez, podría tomarse hasta 24 horas para resolver los planteos realizados y definir los próximos pasos.
El cuarto intermedio se da en un contexto de creciente tensión judicial. La Fiscalía no solo busca avanzar con la imputación formal, sino que también evalúa solicitar medidas cautelares, entre ellas la prisión domiciliaria para Bertolini. El argumento central es que, en libertad y en funciones, los imputados podrían interferir en la investigación.
De hecho, uno de los elementos que encendió las alarmas es que, según la acusación, incluso después del secuestro de documentación clave, se habrían registrado movimientos administrativos dentro del municipio. Para los investigadores, esto refuerza la hipótesis de que aún existiría capacidad de influencia sobre expedientes, pruebas y posibles testigos.
La etapa actual corresponde a la formulación de cargos, un momento clave que abre formalmente la investigación penal. A partir de aquí, comenzará el período de recolección de pruebas, control de la acusación y preparación para un eventual juicio.
Con un expediente voluminoso, varios imputados y un fuerte impacto político, la causa se perfila como una de las más relevantes en la región. El cuarto intermedio, lejos de enfriar el proceso, marca una pausa estratégica en una investigación que sigue sumando elementos y que podría tener definiciones en las próximas horas.
