La investigación judicial sobre la Municipalidad de Plottier sumó nuevos elementos y podría derivar en la formulación de cargos contra el intendente Luis Bertolini. Así lo confirmó el fiscal jefe Pablo Vignaroli en una entrevista en el programa La mañana es de la primera por AM550, donde aseguró que la Fiscalía avanza sobre presuntas irregularidades en contrataciones y en un decreto que eximió del pago de tasas a un grupo de vecinos.
“Nosotros cumplimos una función técnica. Ante una denuncia tenemos que investigar. Eso es lo único que hicimos”, remarcó el fiscal, al rechazar que exista una maniobra política detrás del proceso.
Un “sistema armado” para beneficiar a una empresa
Según explicó Vignaroli, la investigación detectó un esquema de contrataciones reiteradas a favor de la empresa Valco, vinculada al hijo de la subsecretaria de Hacienda municipal, Gladys Ramírez.
De acuerdo a lo detallado, la firma no tendría CUIT propio y las facturaciones se realizaban a nombre de uno de sus socios como persona física, utilizando un “nombre de fantasía”. Además, la Fiscalía detectó vínculos económicos entre los socios y movimientos que refuerzan la hipótesis de una relación directa con el entorno de la funcionaria.
“Entendemos que esto demuestra que existía un sistema armado para beneficiar a Vilches y, a través de él, a la subsecretaria de Hacienda y a su hijo”, sostuvo el fiscal.
El caso de los aires acondicionados: de $10 millones a $33 millones
Uno de los ejemplos que encendió las alarmas fue la compra de tres aires acondicionados. Según explicó Vignaroli, el propio organismo municipal que solicitó los equipos había acompañado un presupuesto estimado en 3,5 millones de pesos por unidad, es decir, alrededor de 10 millones en total. Sin embargo, la contratación final se cerró en 33 millones de pesos. “Desde nuestro punto de vista hay sobreprecio”, afirmó el fiscal.
Además, detalló que muchas contrataciones se realizaron mediante concursos de precios o contrataciones directas, cuando por montos deberían haberse hecho por licitación privada o pública. También señaló que en varios casos las empresas invitadas no presentaban ofertas y que los plazos para cotizar eran de apenas tres o cuatro días.
Posibles figuras penales
Consultado sobre la calificación legal, Vignaroli indicó que podrían formularse cargos por fraude a la administración pública y negociación incompatible para la subsecretaria de Hacienda. En el caso de Bertolini, mencionó la figura de fraude a la administración pública. “El intendente aprueba todas las contrataciones”, remarcó.
Otro eje de la investigación es un decreto firmado por el intendente para eximir del pago de tasas a un grupo de vecinos. “El intendente no puede hacerlo por decreto, porque las exenciones deben hacerse por ordenanza”, explicó el fiscal, y advirtió que la medida podría generar reclamos masivos de otros contribuyentes en igualdad de condiciones.
La Fiscalía continúa evaluando expedientes y realizando pericias contables para determinar el monto total involucrado. Una vez finalizado ese análisis, podría avanzar la formulación de cargos.
