Uno de los principales reclamos fue reactivar un programa regional para combatir la carpocapsa, considerada una de las plagas más dañinas para la producción de peras y manzanas. Hernández indicó que ya existen reuniones técnicas con el INTA y los gobiernos de Río Negro y Neuquén para actualizar el antiguo programa sanitario, incorporando nuevas tecnologías y una planificación de cuatro años. Además, advirtió que "si la región no cuenta con un programa coordinado, puede perder competitividad frente a otros países productores".
La Federación también pidió avanzar en medidas para proteger las tierras productivas bajo riego frente al crecimiento urbano. Según Hernández, las inversiones que hoy realizan los productores en reconversión varietal, riego tecnificado y mallas antigranizo requieren reglas claras. "Nadie realiza ese esfuerzo si no tiene garantías de que esa tierra seguirá siendo productiva", sostuvo.
Otro de los planteos estuvo relacionado con el acceso al financiamiento. Además de valorar la nueva línea de créditos para mallas antigranizo, los dirigentes propusieron crear herramientas para cubrir otros costos de la producción, como la compra de aceite curafrutal y de insumos estratégicos. Según la Federación, el gobernador manifestó su disposición para analizar nuevas alternativas junto con la Provincia.
La seguridad rural también ocupó un lugar destacado durante la reunión. Los productores solicitaron reforzar la presencia de la Policía Rural, mejorar la investigación de los delitos y sumar cámaras de vigilancia en las zonas productivas. "Nosotros vivimos en las chacras. Necesitamos seguridad para proteger nuestras familias y también nuestras inversiones", afirmó Hernández al explicar las pérdidas que provocan los robos de aspersores, alambres y otros elementos utilizados en las explotaciones frutícolas.
Desde la Federación destacaron que la intención es avanzar sobre problemas estructurales que exceden la coyuntura económica y definir políticas de largo plazo para una de las principales economías regionales de la Patagonia. La expectativa del sector es que los planteos presentados al Gobierno provincial puedan traducirse en medidas concretas para mejorar la competitividad y garantizar la sustentabilidad de la actividad frutícola.
