El asesinato de Juan Caliani marcó un antes y un después en Neuquén. Desde aquella noche trágica en abril de 2024 hasta la reciente decisión del Tribunal de Impugnación que redujo las penas, el caso atravesó juicios, condenas, polémicas y un persistente reclamo de justicia por parte de su familia.
La madrugada del 1 de abril de 2024 quedó grabada como una herida abierta en la memoria de Neuquén. En su casa, en la intersección de Luis Beltrán y Cacique Purrán, Juan Caliani fue sorprendido por dos adolescentes que habían ingresado a robar. El encuentro fue fatal: uno lo sujetó, el otro lo apuñaló en el pecho. Murió allí mismo, en su hogar, víctima de una violencia que sacudió a toda la comunidad.
Desde el primer momento, el caso generó una profunda conmoción. No solo por la brutalidad del hecho, sino por la edad de los agresores. Tenían 16 y 17 años. La investigación avanzó con rapidez, y meses después ambos admitieron su responsabilidad como coautores de homicidio en ocasión de robo.
El proceso judicial se desarrolló bajo el régimen de la Ley Provincial 2302, que regula la responsabilidad penal juvenil. Durante el juicio, que se extendió por diez días y contó con más de 50 testigos, se reconstruyeron los hechos con precisión. También se expuso el impacto devastador que el crimen tuvo en la familia de la víctima y en el entorno social.
En diciembre de 2025, el juez de la Niñez y Adolescencia, Dardo Bordón, dictó las condenas: 6 años de prisión efectiva para el joven que sujetó a Caliani y 9 años para quien lo apuñaló. La sentencia coincidió con lo solicitado por el fiscal Germán Martín, quien había destacado la gravedad del hecho y el rol diferenciado de cada imputado.
“Se trata de una sentencia justa, proporcional y ajustada a derecho”, sostuvo entonces Martín, remarcando que la pena debía cumplir una función reparadora frente a un daño “violento e irreparable”.
La familia de Caliani acompañó ese proceso con dolor, pero también con la expectativa de que la condena representara, al menos en parte, un cierre. En distintas instancias, sus padres manifestaron el impacto irreversible de la pérdida y la necesidad de que el caso no quedara reducido a números judiciales. "No queremos venganza, no queremos mano dura, queremos justicia porque hay que atender los delitos por la gravedad que tienen porque lo que le pasó a Juan le puede pasar a cualquiera", dijo Ana Mercado, mamá de Juan Caliani.
El abogado querellante, Federico Egea, también había respaldado el fallo inicial. Para él, la sentencia contemplaba no solo la responsabilidad penal, sino también el daño causado.
Sin embargo, esa sensación de reparación volvió a quebrarse con la reciente resolución del Tribunal de Impugnación. A casi dos años del crimen, el tribunal —integrado por los jueces Richard Trinchieri y Federico Sommer, y la jueza Florencia Martini— decidió reducir las penas. El joven que sujetó a la víctima pasó de 6 años a 5 años y 8 meses de prisión. El autor de las puñaladas, de 9 años a 8 años y 6 meses.
El argumento central fue técnico: los magistrados consideraron que la muerte de la víctima había sido valorada dos veces como agravante, lo que constituye una “doble valoración” prohibida en derecho penal. Según el fallo, ese error debía corregirse y, en consecuencia, impactaba en el monto de la pena.
La decisión generó un fuerte rechazo en la querella y en la familia. “La reducción puede parecer mínima en números, pero tiene un peso simbólico enorme”, advirtió Egea. “Lo que está mal es el fundamento. Se invisibiliza el dolor de las víctimas”.
El abogado fue más allá al cuestionar el criterio del tribunal: “Se elimina la noción de daño como elemento para cuantificar la pena. Y eso borra, de alguna manera, el impacto que tuvo la muerte de Juan en su familia y en toda la comunidad”.
Para la familia Caliani, la resolución llegó en el peor momento: a horas de cumplirse un nuevo aniversario del asesinato. Lejos de cerrar una etapa, reabrió la herida.
Egea también alertó sobre otro aspecto que genera preocupación: la conducta posterior de uno de los condenados. En los últimos días se conoció un episodio violento protagonizado por uno de ellos, lo que, según el letrado, evidencia “un nivel de falta de reflexión alarmante”.
Ante este escenario, la querella evalúa solicitar el inicio de la ejecución de la pena con prisión preventiva, a la espera de que la sentencia quede firme.
El fallo del Tribunal de Impugnación no puede ser recurrido, lo que deja a la familia sin nuevas instancias judiciales para cuestionar la decisión. “Más que seguir discutiendo, hoy lo urgente es que empiecen a cumplir la condena”, sostuvo Egea.
A dos años del crimen, el caso de Juan Caliani sigue interpelando a Neuquén. No solo por lo que ocurrió aquella madrugada, sino por lo que vino después: un proceso judicial complejo, debates sobre la justicia juvenil y una discusión abierta sobre el lugar de las víctimas en las sentencias.
En el centro de todo, permanece el mismo reclamo que se escuchó desde el primer día: justicia. Una palabra que, para la familia, todavía está lejos de sentirse completa.
