La investigación por presunto hurto de energía eléctrica en barrios privados de Neuquén abrió una discusión incómoda: el fraude no siempre está asociado a la necesidad. En ese contexto, el ex gerente de la cooperativa eléctrica CALF, Roberto Mayorga, aportó una mirada con peso técnico y experiencia, y dejó definiciones que ponen el foco en los llamados “enganchados VIP”.
El Ministerio Público Fiscal avanza sobre una denuncia presentada por la cooperativa, luego de detectar conexiones clandestinas y maniobras irregulares en al menos cinco lotes ubicados en los barrios privados Rincón Club de Campo, La Zagala y La Peregrina. Según se informó, estas prácticas permitían consumir energía sin registración ni facturación, generando pérdidas económicas y riesgos en el sistema.
Mayorga, quien durante 17 años estuvo al frente del área de disciplina de mercado de CALF, fue categórico al analizar estos casos: “Esto no lo hace cualquiera. No es gente improvisada. El que roba energía sabe perfectamente lo que hace”, sostuvo.
Explicó que en barrios cerrados, donde predominan las redes subterráneas, la detección es más compleja y suele realizarse mediante operativos de “barrido” que revisan medidor por medidor hasta encontrar irregularidades. “No es la primera vez que aparece esto en barrios privados. La deshonestidad está en toda la ciudad, no distingue niveles económicos”, agregó.
Pero uno de los puntos más sensibles que planteó tiene que ver con la respuesta judicial. Según Mayorga, este tipo de delitos rara vez tiene consecuencias severas: “Es un delito menor. Generalmente termina en una probation. Para la Justicia no tiene prioridad frente a otros delitos más graves”, explicó.
“Es un delito menor. Generalmente termina en una probation. Para la Justicia no tiene prioridad frente a otros delitos más graves”, explicó Mayorga.
Además, dejó entrever que muchas veces la visibilidad pública de estos casos depende de decisiones internas: “El personal técnico detecta fraudes todos los días, pero la decisión de hacerlo público o no es política”, indicó.
Sobre la sofisticación de las maniobras, también fue claro: suelen estar detrás personas con conocimientos técnicos específicos. “Muchas veces son ex trabajadores del sector eléctrico o gente con formación suficiente. Esto es pago, no es casual”, afirmó.
Finalmente, Mayorga desarmó uno de los prejuicios más instalados: “La gente que menos recursos tiene es la que más se esfuerza para pagar. En cambio, hay quienes tienen posibilidades y aun así cometen fraude”, señaló.
Mientras la investigación judicial sigue su curso, el caso vuelve a poner en debate no solo el impacto económico del robo de energía, sino también la desigualdad en las prácticas y en las consecuencias. Porque, como dejó entrever el ex gerente, no todos los “enganchados” responden al mismo perfil, pero muchas veces terminan con el mismo desenlace: sin sanciones ejemplares.
En cuanto al pedido de allanamientos formulado por la cooperativa, el MPF consideró que no resulta necesario en esta etapa de la investigación. Desde la fiscalía indicaron que, teniendo en cuenta las constataciones realizadas por personal de CALF —incluidas actas con presencia policial—, no corresponde avanzar con esa medida por el momento.
Las propiedades, algunas de más de 350 metros cuadrados y con alto consumo eléctrico, evitaban registrar el uso real de energía.
La investigación del Ministerio Público Fiscal
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén inició una investigación preliminar por el presunto hurto de energía eléctrica en barrios privados de la ciudad, tras una denuncia presentada por la cooperativa.
La causa quedó en manos de la fiscalía de Atención al Público y Asignación de Casos, dirigida por el fiscal Diego Azcárate y bajo la supervisión del fiscal jefe Mauricio Zabala. La presentación fue realizada por el apoderado legal de la cooperativa luego de que personal técnico detectara presuntas irregularidades en el suministro eléctrico.
El fiscal del caso requirió informes a la administración de uno de los barrios privados para identificar a los titulares de los lotes involucrados, ya que en los otros dos casos ya fueron individualizados.
Como primeras medidas, el fiscal del caso solicitó a CALF el envío de documentación vinculada a la denuncia para avanzar en la verificación de los hechos. También requirió informes a la administración de uno de los barrios privados para identificar a los titulares de los lotes involucrados, ya que en los otros dos casos ya fueron individualizados.
En cuanto al pedido de allanamientos formulado por la cooperativa, el MPF consideró que no resulta necesario en esta etapa de la investigación. Desde la fiscalía indicaron que, teniendo en cuenta las constataciones realizadas por personal de CALF —incluidas actas con presencia policial—, no corresponde avanzar con esa medida por el momento.
De manera provisoria, la causa fue encuadrada como un supuesto caso de apoderamiento ilegítimo de energía eléctrica.
