El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de Río Negro puso en marcha una auditoría integral sobre las tasas municipales incluidas en la factura eléctrica. Esta medida surge como respuesta a la necesidad de transparentar la composición del costo final que abonan los consumidores y, fundamentalmente, para detectar y corregir posibles distorsiones en los cargos que las comunas añaden al servicio público de distribución de energía. La iniciativa busca asegurar que cada concepto cobrado posea un respaldo normativo legítimo y evitar cargas excesivas sobre los hogares, comercios y pymes de la provincia.
Actualmente, la boleta de luz en Río Negro concentra una diversidad de tributos y cargos de distinta índole. Según la información oficial, los usuarios enfrentan una estructura tarifaria donde conviven conceptos nacionales, provinciales y municipales. Entre los elementos que componen el valor final destacan el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que oscila entre el 21% y el 27%; el impuesto nacional al Débito y Crédito Bancario; y diversos aportes voluntarios, tales como el destinado a los bomberos voluntarios. A esto se sumaba, históricamente, el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, el cual fue reducido recientemente al 1% por decisión del Poder Ejecutivo provincial.
Sin embargo, el foco principal de esta nueva intervención del EPRE se centra en las tasas municipales. Estos cargos, que incluyen ítems como el alumbrado público, tasas de mantenimiento o contribuciones específicas, promedian un 15% del valor total, pero exhiben una dispersión considerable según la localidad y el perfil de consumo del usuario. En escenarios críticos, este componente puede representar hasta el 50% del costo final del servicio, una situación que el organismo regulador considera necesario auditar para determinar si tales gravámenes se ajustan a la realidad y a las normativas vigentes.
Para avanzar en este proceso de fiscalización, el EPRE solicitó información técnica y administrativa tanto a las distribuidoras eléctricas como a las distintas autoridades municipales. El requerimiento exige el detalle preciso de los conceptos facturados, la normativa legal que justifica cada tasa y el impacto real que generan en la boleta. Con estos datos, los auditores realizarán un análisis comparativo para verificar la legitimidad de los cobros y, en caso de detectar irregularidades o conceptos sin justificación técnica, se procederá a las actuaciones correspondientes para proteger al usuario.
Esta auditoría se alinea con la política de ordenamiento y alivio fiscal que la Provincia sostiene para los servicios públicos esenciales. Durante este año, el Gobierno de Río Negro implementó medidas de reducción de la carga tributaria en las boletas de luz y gas, impactando positivamente en la competitividad de las economías regionales, el riego agrícola y el presupuesto de las familias. Mediante esta acción de control, el EPRE reafirma su rol como garante de un servicio justo, transparente y eficiente, bajo la premisa de que todo cobro adicional a la energía debe estar plenamente justificado, evitando que el usuario sea quien soporte el costo de una facturación carente de claridad.
