El legislador José Luis Berros, presidente del bloque Vamos con Todos, presentó un proyecto de ley para modificar el régimen de paritarias docentes en Río Negro. La iniciativa busca garantizar la participación obligatoria de la máxima autoridad educativa en las negociaciones colectivas y ampliar el alcance de la discusión a todas las condiciones laborales del sector. El proyecto se presentó tras varias ausencias de la actual ministra, Patricia Campos, a la reunión paritaria.
La iniciativa establece que quien esté al frente del Ministerio de Educación debe integrar de manera obligatoria la mesa paritaria, con capacidad real de decisión. Para Berros, la ausencia de la titular de la cartera en las negociaciones “limita la posibilidad de alcanzar acuerdos concretos, dilata los tiempos y debilita el proceso de diálogo”.
“El conflicto docente que atraviesa la provincia no es casual. Es el resultado de una paritaria sin interlocutores válidos por parte del Gobierno”, afirmó el legislador, en un contexto marcado por propuestas salariales rechazadas y medidas de fuerza sostenidas por el gremio UnTER.
La iniciativa también amplía el alcance de la negociación colectiva, estableciendo que no solo deben discutirse los salarios, sino el conjunto de las condiciones laborales que atraviesan el trabajo docente. “La paritaria no puede ser una instancia formal. Tiene que ser un ámbito real donde se aborden todos los problemas que afectan al sistema educativo”, sostuvo Berros.
El legislador cuestionó la falta de decisión política del Gobierno provincial y advirtió que “mientras los docentes sostienen el sistema educativo, el Gobierno sigue sin dar respuestas acordes a la situación que se vive en las aulas”.
Entre los cambios planteados, se prevé que, en caso de ausencia justificada de la ministra, participe un funcionario de máxima jerarquía del área educativa, con facultades suficientes para garantizar la continuidad del proceso sin afectar su eficacia. Además, se refuerzan aspectos vinculados al funcionamiento de la paritaria, como los plazos, la obligatoriedad de asistencia y el principio de buena fe, con el objetivo de prevenir conflictos que impacten en el normal desarrollo del ciclo lectivo.
Berros concluyó que “si el Gobierno quiere resolver el conflicto educativo, tiene que asumir su responsabilidad política y sentarse a discutir con quienes tienen legitimidad y representación. La educación no puede seguir siendo rehén de la falta de decisión”.
