La investigación judicial que tiene como principal imputada a la exvicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, por presuntas maniobras de administración fraudulenta en la Legislatura provincial continúa vigente, a pesar de que un juez de garantías rechazó provisoriamente una ampliación de cargos impulsada por el Ministerio Público Fiscal.
La decisión fue adoptada este jueves por el magistrado Juan Manuel Kees durante una audiencia desarrollada en la Ciudad Judicial, donde analizó una serie de nuevos hechos que la fiscalía pretendía incorporar a la causa.
Si bien la resolución representa un revés para la estrategia acusatoria del Ministerio Público Fiscal, no implica el cierre de la investigación ni una desvinculación de Ruiz del expediente. Por el contrario, la causa principal sigue en marcha y las medidas cautelares patrimoniales continúan vigentes.
Qué resolvió el juez
Durante la audiencia, el magistrado rechazó provisoriamente nuevos cargos que la fiscalía había atribuido a distintas personas vinculadas a contrataciones realizadas durante la gestión de Ruiz al frente de la Legislatura.
Entre ellos figuraban el responsable de una firma de marketing contratada por el Poder Legislativo, un proveedor de servicios gráficos, un exasesor de la exvicegobernadora y una familiar que habría sido designada para canalizar pagos en su nombre.
Kees también rechazó una ampliación de las acusaciones que involucraban directamente a Gloria Ruiz, a la exsecretaria de Cámara María Isabel Ricchini y a la exprosecretaria administrativa Élida Noemí Sánchez.
Entre los puntos cuestionados se encontraba la contratación de familiares para canalizar remuneraciones de personas que efectivamente prestaban servicios dentro de la Legislatura.
Según el magistrado, en algunos casos la fiscalía no logró precisar de manera suficiente cuál habría sido el perjuicio económico ocasionado al Estado provincial, mientras que en otros observó deficiencias en la formulación jurídica de las acusaciones.
Respecto de las contrataciones vinculadas a servicios de marketing y publicidad, consideró que los hechos debían ser analizados dentro de una única maniobra de administración fraudulenta y no como episodios independientes, como planteó el Ministerio Público Fiscal.
La investigación sigue vigente
Más allá de la resolución, el propio juez dejó abierta la posibilidad para que los fiscales reformulen la acusación, adecúen la calificación legal de los hechos y vuelvan a presentar una nueva imputación. En consecuencia, la investigación original iniciada el año pasado permanece intacta.
Esa causa involucra a Gloria Ruiz, a la exsecretaria de Cámara María Isabel Ricchini y a la exprosecretaria administrativa Élida Noemí Sánchez por presuntas irregularidades cometidas durante la administración de recursos públicos en la Legislatura neuquina.
De hecho, uno de los episodios investigados ya derivó en una condena. Se trata de Pablo Ruiz, hermano de la exvicegobernadora y excoordinador de Casa de las Leyes, quien fue condenado en el marco de la misma trama judicial.
Cuatro meses más de investigación
Durante la misma audiencia, las defensas solicitaron una prórroga de la etapa de investigación preparatoria. El pedido fue aceptado por el juez, que otorgó cuatro meses adicionales para continuar con la producción de pruebas y el análisis de la documentación incorporada al expediente.
La fiscalía y la Fiscalía de Estado no se opusieron a la extensión del plazo.
La complejidad de la causa y la cantidad de contrataciones, designaciones y movimientos administrativos bajo análisis fueron algunos de los argumentos que justificaron la decisión.
Otro dato relevante es que la Justicia decidió mantener las medidas cautelares patrimoniales que pesan sobre las imputadas.
En el caso de Gloria Ruiz continuará vigente la inhibición general de bienes, una herramienta que impide disponer libremente de su patrimonio mientras avanza la investigación. Para María Isabel Ricchini se mantendrá además el embargo sobre un inmueble ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con la inhibición general de bienes.
En tanto, para Élida Noemí Sánchez seguirá rigiendo la misma restricción patrimonial.
La continuidad de estas medidas refleja que, pese al rechazo de la ampliación de cargos, la Justicia considera que la investigación principal mantiene plena vigencia y que todavía restan aspectos clave por esclarecer.
Por ahora, la situación procesal de la exvicegobernadora no cambió sustancialmente. La causa sigue abierta, los bienes continúan bajo medidas cautelares y la fiscalía conserva la posibilidad de volver a la carga con una reformulación de las acusaciones rechazadas.
