El Gobierno de Javier Milei volvió a mover las piezas del tablero energético y decidió ganar tiempo antes de entregar el manejo de cinco complejos hidroeléctricos al sector privado. A través del Decreto 1349/2026, extendió hasta el 30 de abril de 2027 las concesiones de las empresas que actualmente administran esas centrales, mientras prepara nuevas licitaciones nacionales e internacionales. En esa lista aparece una protagonista de peso para la Patagonia: Hidroeléctrica Futaleufú S.A., responsable de una represa que aporta 560 megavatios de potencia instalada y que también quedó dentro del proceso de reorganización del negocio eléctrico.
La decisión no es un detalle administrativo ni una simple prórroga de contratos vencidos. Detrás está la intención de avanzar con el programa de privatizaciones, captar inversiones y sumar dólares en un escenario en el que el Ministerio de Economía necesita recursos para afrontar los compromisos de deuda de 2027. Por ahora, las actuales operadoras seguirán al frente de las instalaciones para evitar sobresaltos en la generación eléctrica, pero el horizonte ya está marcado: el Estado prepara el camino para que nuevos concesionarios se hagan cargo de los complejos.
Junto con Futaleufú, la prórroga alcanza a Hidroeléctrica Diamante, que opera Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre, en Mendoza, con 388 megavatios; AES Argentina Generación, responsable de Cabra Corral y El Tunal, en Salta, con 111,1 megavatios; Hidroeléctrica Tucumán, que administra El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, con 51,6 megavatios; e Hidroeléctrica Río Hondo, a cargo de dos centrales en Santiago del Estero, con 17 megavatios. Un paquete de instalaciones que el Gobierno pretende volver a poner en competencia para definir quién se queda con su explotación.
Sin embargo, la continuidad de las actuales empresas tiene condiciones. Las concesionarias deberán presentar una carta de adhesión ante la Secretaría de Energía dentro de los siete días corridos posteriores a la entrada en vigencia del decreto. Si cumplen ese requisito, podrán seguir operando hasta el 30 de abril de 2027 o hasta que los nuevos adjudicatarios tomen posesión de las centrales, lo que ocurra primero. Si alguna compañía decide no adherir, igualmente deberá garantizar la generación durante al menos 45 días hábiles, mientras el Estado organiza una alternativa para evitar que el servicio quede comprometido.
La Secretaría de Energía tendrá ahora una responsabilidad central: elaborar las pautas de las licitaciones, preparar los pliegos y firmar los futuros contratos. El argumento oficial es que las concesiones actuales arrastran los vencimientos de los acuerdos establecidos durante la reforma del Estado de la década de 1990. La apuesta de Milei es renovar esos contratos bajo otro esquema de explotación, con participación privada y nuevas condiciones para administrar instalaciones estratégicas. En otras palabras, el Gobierno quiere cambiar los nombres que manejan las represas sin poner en riesgo un servicio esencial para el sistema eléctrico.
La movida tampoco termina en Futaleufú. El proceso de renovación ya alcanza a otros complejos de enorme importancia, como Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Los Nihuiles. El Gobierno busca avanzar con un mapa energético en el que las concesiones hidroeléctricas se conviertan en una fuente de inversiones y recursos, en línea con el resto de las privatizaciones que impulsa Economía. El antecedente del Belgrano Cargas, cuya concesión por 50 años ya tiene pliegos difundidos, muestra que la intención oficial es extender ese modelo a distintos sectores de la infraestructura nacional.
Lo que está en juego no es solamente quién administra una represa: son activos estratégicos, capacidad de generación y el control operativo de instalaciones que forman parte de la infraestructura energética argentina.
