La Legislatura de Río Negro aprobó una ley que promete abrir una nueva etapa en la relación entre la provincia y las gigantes hidroeléctricas del Comahue. La iniciativa impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck establece que las empresas concesionarias de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila deberán pagar un canon por utilizar el agua del río Limay para generar electricidad. Según las estimaciones oficiales, la medida permitirá recaudar más de 40 millones de dólares al año.
La decisión sacudió al sector energético porque afecta de manera directa a compañías que hace apenas unos meses desembolsaron más de 700 millones de dólares para quedarse con la operación de las represas durante los próximos 30 años. A partir de ahora, además de las regalías tradicionales, deberán abonar a Río Negro el equivalente al 1% de todo lo que facturen por la venta de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista.
Desde el oficialismo defendieron la medida como una verdadera reivindicación histórica. Durante el debate legislativo sostuvieron que el agua es un recurso natural que pertenece a la provincia y que, por lo tanto, las empresas no pueden utilizarlo sin realizar una compensación económica.
Sin embargo, la iniciativa también abrió una fuerte discusión política. Sectores de la oposición cuestionaron que el agua sea considerada bajo criterios económicos y reclamaron que una parte de los fondos que ingresen por este nuevo canon sea distribuida directamente entre los municipios afectados por la presencia de las represas. Pese a esos planteos, la ley fue aprobada y comenzará a regir sobre las concesiones actualmente vigentes.
Además, el Gobierno provincial ya tiene definido qué hará con ese dinero. Los recursos obtenidos a través del nuevo esquema serán destinados a un fondo específico administrado por la Secretaría de Estado de Ambiente y Energía. Entre las prioridades aparecen la repavimentación de rutas, la modernización de hospitales públicos y la ejecución de obras de infraestructura estratégica para distintas regiones de Río Negro.
Por otra parte, la normativa incorpora herramientas que podrían fortalecer el poder de negociación de la provincia frente a las empresas energéticas. Incluso contempla la posibilidad de percibir parte de la compensación en energía en lugar de dinero, una alternativa que permitiría garantizar abastecimiento interno y reducir el impacto de las fluctuaciones del mercado eléctrico nacional.
De esta manera, Río Negro lanzó una de las ofensivas económicas más ambiciosas de los últimos años sobre la explotación de sus recursos naturales. Mientras las empresas evalúan el impacto que tendrá el nuevo costo sobre sus operaciones, el Gobierno provincial apuesta a que el canon hídrico se convierta en una fuente millonaria de ingresos.
