Un reclamo por la ubicación de las autoridades durante el acto oficial por el Día de la Independencia derivó en una inesperada controversia en Villa La Angostura. El concejal de Juntos por el Cambio, Héctor Vénica, presentó una nota dirigida al intendente Javier Murer para exigir explicaciones sobre el protocolo aplicado en la ceremonia y dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Justicia si considera que existió un trato institucional arbitrario. La información fue difundida por el portal Diario Andino.
El planteo surgió a partir del lugar que ocupó el edil durante el acto del 9 de Julio. Según sostiene en la presentación, no fue ubicado en la primera fila junto al resto de las principales autoridades, situación que interpretó como una falta de respeto hacia la investidura que representa.
En el escrito, ingresado por Mesa de Entradas del Municipio, Vénica afirmó que su pedido busca resguardar "la institucionalidad democrática, el respeto entre los poderes del Estado municipal y el debido cumplimiento de las pautas protocolares que deben observarse en todo acto público oficial".
El concejal solicitó un informe detallado sobre la organización del acto y requirió conocer quiénes estuvieron a cargo del protocolo, qué criterios se utilizaron para distribuir a las autoridades y cuáles fueron los motivos por los que, a su entender, no se respetó el tratamiento institucional correspondiente a su cargo.
Además, pidió copia de toda la documentación vinculada con la organización del evento, entre ella comunicaciones internas, listados de autoridades, croquis de ubicación, registros fotográficos, actas y cualquier otro antecedente relacionado con la planificación del acto.
En su argumentación, sostuvo que la ubicación de las autoridades "no constituye una cuestión meramente formal", sino que representa el orden institucional y el respeto por las funciones que cada funcionario ejerce.
También pidió la intervención del Concejo Deliberante
En otro tramo de la presentación, Vénica solicitó que el informe sea remitido al Concejo Deliberante para que el cuerpo evalúe la situación y, si lo considera necesario, convoque a los funcionarios que participaron de la organización del acto para brindar explicaciones. Incluso planteó que un eventual apartamiento de las normas protocolares podría configurar un trato desigual hacia una autoridad electa.
El aspecto más llamativo del reclamo aparece en el cierre de la nota presentada al Ejecutivo. Allí, el edil dejó expresamente planteada la reserva de iniciar acciones administrativas, institucionales e incluso judiciales si concluye que existieron conductas arbitrarias, discriminatorias o contrarias al deber de respeto institucional.
Según expresó, su planteo no responde a una cuestión personal, sino que apunta a preservar el respeto que, a su criterio, debe existir entre los distintos poderes del Estado municipal.
