La muerte no puso fin al conflicto. Todo lo contrario, una dura disputa familiar por el lugar donde debía ser enterrado un hombre terminó en los tribunales, luego de que una de sus hijas intentara impedir que sus restos fueran exhumados y trasladados desde Bariloche hacia otra provincia.
La mujer presentó una medida cautelar para frenar el traslado. Sostuvo que la pareja de su padre ya no convivía con él al momento de su muerte y que, por esa razón, la decisión sobre las exequias debía recaer en sus hijos. Además, aseguró que el hombre había llegado a Bariloche tras atravesar una situación de violencia y abandono y que fueron sus familiares quienes lo acompañaron durante los últimos meses de vida.
También cuestionó una resolución dictada por un juzgado de otra provincia que había autorizado el traslado de los restos. Con esos argumentos pidió que la Justicia de Río Negro interviniera en el caso y dejara sin efecto esa decisión.
Sin embargo, la jueza rechazó ambos planteos. Explicó que el expediente que ya tramita en otra jurisdicción había analizado la situación y consideró acreditado que el centro de vida del fallecido estaba allí. Además, tuvo por probada una unión convivencial de casi 40 años entre el hombre y la mujer que solicitó trasladar el cuerpo.
La magistrada recordó que el Código Civil y Comercial establece que, cuando una persona no dejó instrucciones sobre sus exequias, la decisión corresponde en primer lugar al cónyuge o conviviente y, solo en su ausencia, a los familiares según el orden sucesorio.
No obstante, aclaró que la hija planteó hechos que son discutidos por las partes y que no pueden resolverse mediante una medida cautelar. Determinar si la convivencia había terminado antes del fallecimiento, cuál era el verdadero centro de vida del hombre y qué ocurrió en los últimos años de su vida requiere un proceso judicial con producción de pruebas y posibilidad de que todas las partes ejerzan su defensa.
Con esa conclusión, la jueza rechazó el pedido para frenar la exhumación, se declaró incompetente para seguir interviniendo y ordenó enviar el expediente al juzgado que ya lleva adelante la causa. Así, la pelea por el destino final de los restos continuará en otra provincia, donde la Justicia deberá resolver quién tenía el derecho de tomar la última decisión.
