Una vecina de Bariloche creyó haber encontrado el camino más rápido para cumplir el sueño de la casa propia. En abril de 2024 contrató a Eco Habitat Patagonia SRL, que comercializaba viviendas prefabricadas bajo el nombre El Montañés, y pagó 115.590 dólares, el 90% del valor acordado. Sin embargo, la obra nunca se concretó.
Según la demanda, la empresa apenas realizó un movimiento inicial de suelo y luego abandonó los trabajos. Tras el vencimiento de los plazos, la compradora envió una carta documento e impulsó una mediación prejudicial, pero la firma no respondió ni se presentó a esa instancia. El conflicto llegó a la Justicia y la empresa tampoco contestó la demanda, por lo que fue declarada en rebeldía. El juez dio por acreditados los hechos expuestos por la mujer y concluyó que existió un incumplimiento contractual en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor.
El fallo ordenó como primera medida que la empresa entregue la vivienda en un plazo máximo de veinte días. Si eso resulta imposible, el contrato quedará resuelto y la firma deberá devolver los 115.590 dólares abonados por la compradora, con los intereses correspondientes. Pero la condena no termina ahí. Además, la Justicia fijó una indemnización de 35.580.000 pesos por daño moral, daño emergente y daño punitivo.
Dentro de esa suma también se reconocieron los gastos de alquiler que la mujer tuvo que afrontar durante todo el tiempo que esperó una vivienda que nunca llegó. Además, el fallo fijó una indemnización de 35.580.000 pesos por daño moral, daño emergente y daño punitivo. Entre los conceptos reconocidos se incluyeron los gastos de alquiler que la mujer afrontó mientras esperaba una vivienda que nunca fue entregada.
El juez destacó que el perjuicio no fue solamente económico. Señaló que el incumplimiento frustró el proyecto de acceder a la vivienda propia y de conformar un hogar familiar, un daño que trasciende el valor material de la construcción. La resolución también cuestionó la conducta de la empresa por no responder los reclamos de la clienta ni participar del proceso judicial. El fallo es de primera instancia y aún puede ser apelado.
