La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) volvió a poner sobre la mesa una preocupación que ya atraviesa a buena parte del sistema universitario argentino: cómo sostener el funcionamiento cotidiano de las facultades en medio de salarios deteriorados, mayores costos operativos y un financiamiento que sigue sin resolverse.
La advertencia surgió este lunes durante una conferencia encabezada por la rectora Beatriz Gentile junto a representantes gremiales, estudiantes y dirigentes sindicales, en la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria.
Lejos de enfocarse solamente en la movilización, el planteo estuvo centrado en el desgaste que aseguran que ya se vive dentro de las aulas. Gentile sostuvo que la universidad atraviesa dificultades crecientes para sostener equipos docentes y explicó que la pérdida salarial empezó a impactar directamente sobre el funcionamiento académico.
Docentes que dejan cargos y materias bajo presión
Uno de los puntos más delicados que expuso la UNCo es la salida de trabajadores universitarios. Según datos presentados durante la conferencia, entre 2024 y 2025 renunciaron 275 docentes y no docentes.
La situación genera problemas para cubrir cátedras, reorganizar horarios y sostener carreras que requieren perfiles especializados. En algunas áreas, incluso, las universidades reconocen dificultades para conseguir reemplazos.
Gentile también remarcó que gran parte de los salarios docentes quedaron por debajo de indicadores básicos de ingresos, una situación que empuja a muchos profesionales a buscar otros trabajos fuera del ámbito universitario.
El Gobierno sostiene el ajuste y cuestiona la ley
La discusión se da en paralelo al conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario. Aunque la norma fue aprobada por el Congreso y ratificada luego del veto presidencial, el Gobierno nacional mantiene frenada su implementación mientras avanza la disputa judicial.
El Ejecutivo también cuestiona mecanismos automáticos de actualización salarial y presupuestaria incluidos en la norma, al considerar que condicionan la administración de los recursos públicos en un contexto económico todavía frágil.
Mientras tanto, las universidades sostienen que la demora profundiza la incertidumbre y dificulta planificar gastos básicos de funcionamiento, investigación e infraestructura.
Una discusión que ya salió de los despachos
El conflicto universitario dejó hace tiempo de ser una discusión exclusivamente política o judicial. En las facultades ya empiezan a verse cambios concretos: menos actividades, reorganización de materias y mayor presión sobre estructuras que funcionan con recursos limitados.
A eso se suma el impacto sobre los estudiantes, especialmente quienes dependen de becas o llegan desde otras ciudades para cursar.
En ese escenario, la marcha convocada para este martes aparece como un nuevo capítulo de una discusión mucho más amplia: cómo sostener el sistema universitario público mientras el Gobierno nacional mantiene su política de ajuste y revisión del gasto estatal.
