La subcomisión que trabaja en la reforma del Código Procesal de Familia de Neuquén avanzó este lunes en el análisis del anteproyecto que busca modificar la manera en que se tramitan los conflictos familiares en la provincia. La mesa de trabajo reunió a representantes de los tres poderes del Estado, colegios profesionales, asociaciones de magistrados y universidades, bajo la conducción técnica de la jurista Mariel Molina de Juan.
Durante el encuentro se presentaron las dos primeras partes del anteproyecto, que reúnen 208 artículos sobre reglas generales y procesos especiales. Entre las principales novedades aparecen procedimientos más rápidos para situaciones urgentes, una instancia extrajudicial obligatoria en determinados casos y la posibilidad de fijar una cuota alimentaria provisoria al finalizar la primera audiencia.
La subcomisión volverá a reunirse el 17 de septiembre, mientras todavía quedan por analizar capítulos vinculados con adopción, violencia familiar y de género, restitución internacional de niñas, niños y adolescentes y el sistema de protección y control de legalidad.
El objetivo es evitar que cada conflicto familiar termine en un juicio
Uno de los cambios centrales del anteproyecto es la incorporación de una etapa previa extrajudicial para determinados conflictos. Allí se contemplan herramientas de resolución no contenciosa, entre ellas la mediación.
Según explicó Molina de Juan, esta instancia tendría carácter obligatorio, salvo en aquellas cuestiones de orden público que no puedan ser conciliadas.
La intención es que determinados conflictos puedan resolverse antes de convertirse en un litigio judicial. La propuesta apunta así a reducir tiempos y favorecer acuerdos entre las partes cuando la naturaleza del caso lo permita.
El anteproyecto también incorpora particularidades propias de Neuquén, entre ellas el reconocimiento de la interculturalidad, un rol específico para los jueces de paz en situaciones de violencia de género y el registro y videograbación de determinadas audiencias.
En materia de recursos, además, se plantea remitir al Código Procesal Adversarial Civil y Comercial, con el objetivo de unificar criterios y agilizar los procedimientos.
Alimentos: una cuota provisoria podría fijarse mucho antes
Uno de los puntos con mayor impacto práctico está relacionado con los reclamos de alimentos.
El proyecto contempla un procedimiento común para la fijación, aumento y disminución de la cuota, además de alimentos extraordinarios, reembolsos y distribución de gastos.
La principal innovación es que el juez podría establecer una cuota provisoria al finalizar la audiencia inicial, sin necesidad de esperar hasta etapas más avanzadas del expediente.
La medida apunta a que una respuesta que actualmente puede demorar meses pueda resolverse mucho antes. La propuesta también flexibiliza las notificaciones, independientemente del domicilio real de la persona demandada.
El procedimiento se estructura sobre dos ejes: la tutela oportuna y la incorporación de las perspectivas de género, niñez, vulnerabilidad y discapacidad.
La especialista resumió el criterio con una frase que marca el sentido de la reforma: “Los alimentos se deben cobrar hoy”.
También habrá un procedimiento para alimentos urgentes
El anteproyecto incorpora además un mecanismo específico para alimentos urgentes, destinado a personas embarazadas y a situaciones en las que un cambio en las condiciones de vida genere un riesgo claro e inminente.
La herramienta tendría especial aplicación cuando estén involucrados niñas, niños o personas con discapacidad, aunque las circunstancias deberán ser acreditadas.
Los alimentos otorgados por esta vía tendrán carácter transitorio: caducarán si no se inicia, dentro del plazo previsto, la etapa extrajudicial correspondiente al procedimiento general.
Este esquema busca resolver una tensión habitual de los procesos de familia: la necesidad de respetar las garantías procesales sin que la demora judicial termine dejando sin respuesta una necesidad inmediata.
Dos procedimientos buscan acelerar las situaciones más delicadas
El anteproyecto establece diferentes clases de procesos. Entre los explicados durante la reunión aparecen el ordinario por audiencias y el procedimiento urgente.
El ordinario estaría destinado a los casos que no tengan un trámite específico. Contaría con una etapa escrita y otra oral, dos audiencias y una sentencia escrita como cierre.
El procedimiento urgente, en cambio, está pensado para situaciones en las que estén comprometidos derechos fundamentales y no sea posible esperar los tiempos de un proceso tradicional.
Se plantean dos alternativas.
Una contempla una audiencia de trámite, con restricciones en materia probatoria, para garantizar la bilateralidad y permitir que el juez dicte sentencia inmediatamente.
La segunda está destinada a situaciones de extrema urgencia y prevé audiencias de oposición o defensa. Después de escuchar a las partes, el juez podrá mantener, modificar o revocar la medida adoptada.
En ambos casos se contempla la posibilidad de recurrir mediante apelación.
La herramienta podría tener especial importancia en situaciones de riesgo vinculadas con alimentos y responsabilidad parental.
Responsabilidad parental: más herramientas para intervenir rápido
La propuesta regula los planes de parentalidad, el cuidado personal, los regímenes de comunicación y los desacuerdos sobre decisiones relacionadas con niñas, niños y adolescentes.
También incorpora procedimientos urgentes cuando exista riesgo de desvinculación o una situación que no admita demoras.
Uno de los puntos destacados durante la presentación fue la posibilidad de que el juez intensifique de oficio la producción de prueba mediante informes psicosociales o herramientas de interacción familiar, incluso cuando las partes no los hayan solicitado.
No se trataría de una obligación automática, sino de una facultad que el juez deberá evaluar según las características de cada caso.
La propuesta distingue además entre los procesos urgentes y los ordinarios: en los primeros la prueba debería acotarse para permitir una resolución rápida, mientras que posteriormente podría ampliarse y dar lugar a informes más específicos.
La escucha de niños y adolescentes tendrá un lugar central
Otro de los principios planteados es que la escucha de niñas, niños y adolescentes se produzca antes de cualquier trámite oral.
Según explicó Molina de Juan, el juez debería escuchar primero a los niños y luego a los progenitores, para contar con un panorama más completo al momento de analizar el conflicto.
La especialista también aclaró que la escucha no necesariamente coincide con la audiencia procesal y que las propias partes deberán informar si el niño o adolescente no tiene intención de ser escuchado.
El criterio busca reforzar la participación de niños y adolescentes en aquellos procesos en los que las decisiones judiciales afectan directamente su vida cotidiana.
Qué cambia en los procesos de divorcio
En los casos de divorcio, el anteproyecto propone una mediación previa cuando la pareja no haya acordado cómo resolver las cuestiones derivadas de la separación.
Sin embargo, la existencia de desacuerdos no impediría que el juez dicte el divorcio. Las cuestiones pendientes podrían ser tratadas posteriormente en una audiencia.
La idea es evitar que una discusión sobre aspectos derivados de la separación termine demorando la disolución del vínculo matrimonial.
Además, el proyecto exige informar la fecha de separación de hecho, que será tomada como referencia para determinar el final del régimen de bienes gananciales. Si la otra parte no cuestiona esa fecha, se la considerará válida.
Capacidad jurídica: el foco estará puesto en la autonomía
El capítulo referido a capacidad jurídica incorpora la posibilidad de determinar apoyos para que las personas puedan ejercer su capacidad.
El objetivo señalado por Molina de Juan es promover la autonomía de las personas, en lugar de centrar el procedimiento exclusivamente en restricciones.
La propuesta también incluye procedimientos vinculados con autorizaciones judiciales, filiación y otras cuestiones específicas del derecho de familia.
Filiación: qué procedimiento se prevé
El capítulo de filiación es breve y establece como trámite general el proceso ordinario por audiencias, adaptado a las particularidades de este tipo de juicios.
Durante la etapa previa extrajudicial se buscaría, cuando sea posible, acordar la realización de la prueba genética. Si fuera necesario, también podría recurrirse al aporte de parientes de hasta segundo grado.
Qué temas todavía faltan incorporar
El anteproyecto presentado no está terminado. Todavía requieren análisis específico algunos capítulos relevantes.
Entre ellos aparecen los procedimientos relacionados con:
- Adopción.
- Restitución internacional de niñas, niños y adolescentes.
- Violencia de género y violencia familiar.
- Sistema de protección y control de legalidad.
Estos temas serán parte de las próximas etapas de discusión antes de que el texto avance hacia una eventual presentación legislativa.
Una reforma que busca ordenar un fuero con conflictos de respuesta urgente
La discusión no parte de cero. La Legislatura de Neuquén ya había iniciado en mayo una etapa de trabajo institucional para elaborar el nuevo Código Procesal de Familia, con participación de los tres poderes, universidades, colegios profesionales, magistrados y otros organismos.
El antecedente inmediato es el proceso de elaboración del Código Procesal Civil Adversarial, cuya experiencia de trabajo participativo fue señalada como referencia para esta reforma.
El nuevo esquema también busca resolver un problema particularmente sensible del fuero de Familia: los tiempos procesales pueden tener consecuencias directas sobre personas que necesitan una respuesta inmediata.
Esto resulta especialmente visible en los reclamos alimentarios, donde la demora no es solamente una cuestión administrativa. Una resolución tardía puede significar que una familia permanezca durante meses sin una prestación necesaria.
En Neuquén ya existen antecedentes periodísticos que muestran la dimensión concreta de los conflictos vinculados con alimentos y responsabilidad parental. Mejor Informado informó, por ejemplo, sobre casos de incumplimiento de cuotas alimentarias y sobre procesos judiciales vinculados con el contacto entre progenitores e hijos.
La reforma, por lo tanto, no se limita a cambiar reglas técnicas: busca modificar cuándo y cómo interviene la Justicia frente a un conflicto familiar.
Quiénes participan de la reforma
La mesa de trabajo fue encabezada por el diputado Ernesto Novoa, presidente de la comisión interpoderes, y la diputada Cielubi Obreque, secretaria del cuerpo.
También participaron la coordinadora de la Subcomisión de Familia, Aylén Martín Aimar, y los abogados Ramiro Benítez y Victoria Rezzónico, en representación de la presidencia de la Legislatura.
La discusión reúne además a representantes del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público de la Defensa, Colegio de Abogados, Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Neuquén, universidades y Policía provincial, entre otros organismos.
Entre los participantes estuvieron Vanina Merlo, titular del Ministerio Público de la Defensa; Carla Pandolfi, en representación del Tribunal Superior de Justicia; Marcelo Iñiguez y Adriana Almendra, por el Colegio de Abogados; y representantes de UCASAL, la Asociación de Magistrados y la Policía.
La amplitud institucional es uno de los aspectos centrales del proceso, ya que el futuro Código deberá aplicarse en ámbitos en los que intervienen jueces, abogados, defensores, organismos administrativos y fuerzas de seguridad.
