La provincia de Neuquén consiguió consolidar un criterio tributario favorable que impactará positivamente en su recaudación, luego de que la Comisión Plenaria del Convenio Multilateral ratificara la Resolución General Interpretativa N.º 17/2025, que establece cómo deben atribuirse los ingresos del sector petrolero y gasífero al momento de liquidar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
La decisión confirma una norma que había sido sancionada por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral y que ahora quedó firme tras el rechazo de las apelaciones presentadas por las provincias de Córdoba y Buenos Aires. La resolución fija pautas claras sobre cómo deben distribuirse los ingresos generados por la actividad hidrocarburífera entre las distintas jurisdicciones, lo que beneficia particularmente a las provincias productoras de petróleo y gas.
En concreto, la normativa establece que los ingresos vinculados a la venta del hidrocarburo deben computarse en la provincia productora cuando allí se concreta la entrega del recurso, reforzando el reconocimiento fiscal de la actividad que se desarrolla en esos territorios. Este criterio resulta clave para distritos como Neuquén, donde se encuentran algunos de los principales yacimientos del país, especialmente en la formación de Vaca Muerta.
Dentro del régimen del Convenio Multilateral, la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos se distribuye entre las jurisdicciones donde operan las empresas considerando tanto los ingresos como los gastos, lo que genera un coeficiente que determina cuánto corresponde tributar en cada provincia.
Con la ratificación de esta resolución, se busca reducir conflictos administrativos y otorgar mayor previsibilidad, tanto a las provincias como a las compañías del sector energético. Durante años, la forma de atribuir estos ingresos generó controversias entre jurisdicciones, especialmente con aquellas donde las empresas petroleras tienen sus casas centrales. La falta de una interpretación normativa clara daba lugar a disputas administrativas sobre dónde debían tributar.
La nueva resolución no solo fortalece la recaudación de las provincias productoras, sino que también aporta seguridad jurídica para una industria que requiere inversiones de largo plazo, consolidando un marco más claro para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera en el país.
