Lo que para decenas de estudiantes parecía una oportunidad de formación laboral terminó convirtiéndose en una causa judicial por estafa. La Justicia de San Juan condenó a Daniel Gustavo Algarilla, un hombre que ofrecía una supuesta tecnicatura relacionada con tareas de morgue y evisceración, pese a que la carrera no contaba con aval oficial ni reconocimiento académico.
El juez Mariano Carrera lo declaró culpable por el delito de defraudación por engaño en cuatro hechos denunciados por alumnas que descubrieron que habían sido víctimas de una maniobra fraudulenta. Como resultado del juicio, recibió una condena de un año y seis meses de prisión condicional, por lo que continuará en libertad bajo reglas de conducta durante dos años.
La historia salió a la luz cuando varias estudiantes comenzaron a sospechar de las condiciones en las que se desarrollaba el cursado. Según la investigación, Algarilla prometía una formación especializada con salida laboral y aseguraba contar con vínculos académicos e institucionales que nunca pudo acreditar. Incluso decía ser profesor universitario, algo que posteriormente fue descartado por los investigadores.
Uno de los aspectos que más llamó la atención durante el juicio fue el lugar donde se dictaban algunas clases. Cuando perdió uno de los espacios que utilizaba para las actividades, el acusado trasladó el cursado a una "lomoteca", nombre con el que se conoce en San Juan a los locales especializados en lomitos. Más adelante volvió a mudarse a otro comercio alquilado para continuar con el supuesto programa educativo.
Pero las irregularidades no terminaban allí. La fiscalía sostuvo que el hombre aprovechaba su trabajo como colaborador de la morgue del Hospital Marcial Quiroga para permitir el ingreso de estudiantes y realizar prácticas sin autorización. Algunos testimonios señalaron que las actividades se desarrollaban dentro de instalaciones hospitalarias y sin los permisos correspondientes.
Durante el proceso judicial también se conoció que los alumnos abonaban cuotas mensuales convencidos de que estaban cursando una carrera válida y habilitante. Con el paso del tiempo comenzaron a descubrir que los certificados, las matrículas y los supuestos respaldos institucionales no tenían reconocimiento oficial.
La fiscalía había solicitado una pena de cuatro años de prisión efectiva y sostuvo que las denuncias presentadas podrían representar solo una parte de las personas afectadas por la maniobra. Sin embargo, el tribunal optó por una condena condicional y rechazó además el pedido de reparación económica impulsado por la querella.
El caso generó repercusión en San Juan por la combinación de elementos poco habituales: una carrera inexistente, clases que cambiaban constantemente de sede, prácticas en una morgue y estudiantes que durante meses creyeron estar construyendo una salida laboral que nunca tuvo validez.
