El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, respondió detalladamente a los seis cargos con los que una vecina impulsaba un juicio político, durante una Sesión Especial convocada este jueves por el Concejo Deliberante, a pedido del propio mandatario.
El jefe comunal utilizó casi cuatro horas para referirse a los cargos sobre el sistema de saneamiento y el lago Lacar; la deuda con el Ente Provincial de Energía (EPEN); los controles de las obras en el Cerro Chapelco; la supuesta obstrucción de la Contraloría Municipal; supuesto desacato a una Medida Cautelar y el Convenio Colectivo de los trabajadores municipales; y la falta de participación ciudadana en el Plan de Ordenamiento Territorial.
Tras la exposición, el Concejo Deliberante anunció que, con 7 votos en contra y 4 a favor, rechazan la moción para llevar adelante el procedimiento de juicio político contra el intendente.
Dentro del recinto, además de los concejales, estuvieron el Defensor del Pueblo y del Ambiente, Fernando Bravo; y el juez de Faltas, Carlos Sánchez Galarce. Fuera del edificio, representantes y afiliados de los sindicatos ATE, UTA; de comisiones barriales, organizaciones sociales, instituciones deportivas y representantes de entidades de culto.
La presentación de pruebas
Las respuestas del jefe comunal incluyeron datos técnicos rigurosos, antecedentes administrativos, citas de expedientes y contextos sociales y políticos en la toma de decisiones. Con ese material, que llevó al Concejo Deliberante encarpetado y colocado en cajas, Saloniti refutó cada uno de los argumentos utilizados por la denunciante. Una copia de la documentación utilizada quedó en el Legislativo comunal.
“No les pido que compartan cada decisión de mi gobierno. No les pido que dejen de controlar. Les pido rigor y, recién después de hacer ese análisis, que se pregunten cuál es exactamente la conducta personal que se me atribuye”, señaló el intendente.
Las respuestas de Carlos Saloniti a los seis cargos ante el Concejo Deliberante
Primer cargo: Sistema Cloacal y Lago Lacar
“La Cooperativa de Agua Potable aclaró públicamente el 19 de mayo que nunca había diagnosticado un colapso general del sistema y que las plantas se encontraban en funcionamiento continuo y regular. No es lo mismo decir hay una infraestructura exigida que necesita inversión que afirmar todo el sistema está colapsado”.
“El problema de los barros cloacales fue abordado mucho antes de esta denuncia. Se gestionó asistencia financiera, se acondicionó el sitio de tratamiento, se tomaron recomendaciones de impermeabilización, geomembrana, compactación y drenaje”.
“En reuniones entre el Municipio, el Organismo de Control Municipal, la Cooperativa y el Ente Provincial de Agua y Saneamiento, se identificó como prioritarios para la planta que protege al Lago Lacar un grupo electrógeno, dos nuevos sopladores y un equipo deshidratador de lodos. La compra ya se tramita, con una inversión estimada en 600 millones de pesos”.
“Las inversiones actuales y proyectadas en saneamiento no resuelven definitivamente todos los desafíos del saneamiento. No sería serio decir eso. Pero tampoco sería serio describir una administración inmóvil cuando existen expedientes, licitaciones y casi 1.552 millones de pesos destinados a mejorar ambas plantas”.
Segundo cargo — Deuda y suministros de EPEN
“Desde 2006 existe un mecanismo de compensación entre la Municipalidad y el EPEN que, durante muchos años, funcionó sin generar deuda municipal. En 2022, frente a una situación financiera compleja de la Cooperativa de Agua, el Municipio asumió el pago de electricidad de los bombeos de las plantas PTE-1 y PTE-3. Porque el agua y el saneamiento son servicios esenciales que no pueden parar porque exista una discusión financiera”.
“Recién en 2024 comenzó a aparecer un saldo a favor del EPEN y durante 2025 el desequilibrio se hizo mucho más fuerte, entre otras razones por el incremento de las tarifas eléctricas, el crecimiento del alumbrado y la cantidad de suministros. La deuda nació cuando un esquema de compensación de casi veinte años dejó de equilibrarse frente a una ciudad y a costos que habían cambiado”.
“De los 286 suministros, 150 corresponden a alumbrado público. Otros 91 son de uso general. Hay 26 residenciales, 15 de mediana demanda y 4 de gran demanda. La gran mayoría de los medidores significan iluminación de calles y plazas, bombas de agua, plantas de tratamiento, espacios comunitarios, infraestructura vial, dependencias, viviendas y servicios que la ciudad fue incorporando con el tiempo”.
“El trabajo serio no es señalar un número de medidores. Es saber qué hay detrás de cada número. También sirve mirar qué parte de esa base corresponde al período de esta gestión. Desde diciembre de 2019 se incorporaron 82 suministros. Los otros 204 ya existían antes. Esto demuestra que estamos frente a una acumulación histórica y no frente a un sistema creado en los últimos seis años”.
“Hay, además, suministros vinculados a situaciones sociales y a viviendas de familias vulnerables. Administrativamente sería fácil mirar una planilla y decir: ‘esto no es una oficina municipal, córtenlo’. Pero, detrás de un número, puede haber una familia, una asistencia otorgada hace años o una situación que requiere intervención de Desarrollo Humano. Esos casos deben revisarse uno por uno”.
“Una cosa es ordenar administrativamente los suministros y otra muy distinta es presentar todos esos consumos como si fueran ilegítimos, injustificados o ajenos al interés municipal. No estamos ocultando los suministros. Los estamos relevando, clasificando y ordenando. Pero también tenemos la obligación de explicar por qué existen y qué realidad humana hay detrás de cada uno de ellos”.
Tercer cargo — Medida Cautelar del TSJ y Convenio Colectivo
“Hay una distinción que considero fundamental: una cosa es discutir la constitucionalidad de una norma y otra cosa muy distinta es incumplir una orden judicial. Aquí se pretende transformar una discusión jurídica, que todavía se encuentra sometida al Tribunal Superior de Justicia, en una imputación personal al intendente de desobediencia. Son cuestiones completamente diferentes”.
“Puedo sostener jurídicamente que una norma es constitucional y, al mismo tiempo, cumplir una resolución cautelar que suspende provisionalmente sus efectos. Eso es precisamente respetar al Poder Judicial”.
“Para imputarme incumplimiento de una orden judicial deben responderse preguntas elementales. ¿Cuál fue la orden judicial concreta dirigida a este Intendente? ¿Qué conducta específica debía realizar? ¿Qué conducta específica debía abstenerme de realizar? ¿Qué acto dicté contrariando esa orden? ¿Qué decisión de la CIAP ejecuté automáticamente después de la cautelar? Porque la responsabilidad política no puede fundarse en abstracciones, tiene que existir una conducta concreta”.
Cuarto cargo — Obras en el Cerro Chapelco
“La hipótesis que la denuncia pretende instalar es, en términos generales, que el Municipio habría abandonado el ejercicio del poder de policía ambiental. Sin embargo, cuando se incorporan todos los antecedentes, aparece una administración que inspeccionó, paralizó, exigió documentación, pidió ampliaciones, sometió la cuestión a evaluación técnica, revisó decisiones, impuso medidas de mitigación, intimó, labró infracciones y llevó el procedimiento ambiental a una instancia en la que participó el propio Concejo Deliberante”.
“El 30 de enero de 2026 el Municipio constató que la empresa concesionaria del Cerro Chapelco realizaba movimientos de suelo en la playa de estacionamiento, sin autorización municipal. Constatada la irregularidad, el Municipio ordenó la paralización de los trabajos. ¿Quién realizó los movimientos de suelo? La concesionaria. ¿Quién detectó el incumplimiento? La Administración municipal. ¿Qué hizo cuando lo detectó? Paralizó. La infracción de un tercero no puede ser transformada, sin más, en prueba de que el Municipio renunció a controlar: cuando la irregularidad fue constatada, se ordenó detener la obra”.
“Cuando la Administración detecta una situación que requiere mitigación o reparación y le ordena al responsable que actúe, está ejerciendo poder de policía. Si hubiera querido desconocer el problema o si hubiera querido favorecer a la empresa, no habría detenido la obra. Si hubiera querido desentenderse del ambiente, no habría impuesto obligaciones de mitigación y remediación”.
Quinto cargo – Contraloría Municipal
“La Contraloría tiene que controlar. Y un intendente no tiene derecho a impedir ese control. Ahora bien, controlar no significa gobernar. La Contraloría observa, informa, cuestiona y recomienda. El Ejecutivo administra, decide y, cuando corresponde, responde o corrige. Entre ambos pueden existir diferencias. Las notas que recibimos y que son muchas has sido contestadas en su enorme mayoría, pero algunas fueron puestas en consideración de las áreas correspondientes y también se encuentran en fase de evaluación”.
Sexto cargo – Participación ciudadana y Audiencia Pública en el Plan de Ordenamiento Territorial
“Se afirma que el Departamento Ejecutivo habría eludido deliberadamente la audiencia pública exigida por la Carta Orgánica Municipal. La afirmación es incorrecta. El artículo 59 inciso 4 de la Carta Orgánica establece la exigencia de audiencia pública para la aprobación de proyectos de ordenanza que dispongan la aprobación o modificación de normas ambientales y urbanísticas”.
“Una vez concluida la asistencia técnica y elaborado el proyecto de Código de Planeamiento Urbano, éste será sometido al procedimiento correspondiente, incluida la audiencia pública exigida por la Carta Orgánica”.
“No puede sostenerse de buena fe que el Departamento Ejecutivo ni el Concejo Deliberante hayan omitido responder esta cuestión o que haya intentado sustraer el proyecto del mecanismo de participación establecido por la Carta Orgánica. Existe una diferencia fundamental entre participar en la elaboración de un instrumento técnico de planificación y aprobar una norma urbanística”.
“El proceso participativo contradice la acusación. La participación ciudadana constituyó uno de los ejes centrales del proceso desde su inicio. La asistencia técnica contempló reuniones con colegios profesionales, prestadores de servicios, representantes de juntas vecinales, cámaras empresarias, integrantes del Concejo Deliberante y distintas áreas municipales. A estas instancias se sumaron encuentros públicos y abiertos destinados a informar los avances y promover el intercambio con la comunidad”.
Las últimas declaraciones de Saloniti
En el tramo final de su exposición, el intendente Saloniti señaló: “No reivindico una gestión perfecta. Reivindico una gestión que trabaja, que gestiona, que corrige, que busca recursos y que asume responsabilidades. Voy a rendir cuentas de cada decisión que me corresponda. Voy a entregar cada expediente. Voy a escuchar cada crítica y voy a corregir aquello que haya que corregir. Pero con la misma convicción digo: no abandoné mis funciones. No dejé de gestionar. No desobedecí deliberadamente a la Justicia. No renuncié al control ambiental. No impedí el funcionamiento de las instituciones de control. Y no ocultamos a la comunidad un proceso de planificación que fue construido mediante decenas de reuniones abiertas. Una cosa es controlar a un gobierno y otra muy distinta es transformar las dificultades propias de gobernar en una causal de destitución”.
“Confío en las instituciones de San Martín de los Andes. Y confío en que nuestra comunidad entiende algo sencillo: gobernar no es prometer que no habrá problemas. Gobernar es enfrentarlos. Y eso es lo que hicimos. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que voy a seguir haciendo mientras los vecinos de San Martín de los Andes me hayan confiado esta responsabilidad”, concluyó el mandatario comunal.
