La Legislatura de Neuquén aprobó el protocolo que establece cómo se realizarán los controles toxicológicos a los diputados provinciales. El mecanismo contempla controles con una periodicidad de al menos cada dos meses y procedimientos específicos ante un resultado positivo. La normativa también establece contrapruebas y mecanismos de impugnación antes de determinar eventuales consecuencias para un funcionario.
Damián Canuto, diputado provincial del PRO, brindó detalles del proyecto en el programa “La segunda mañana”, que se transmite por AM550, y remarcó que el objetivo central es garantizar que la política no quede exenta de las exigencias de transparencia. “Los funcionarios, por sobre todo, no podemos estar exentos de la transparencia”, sostuvo, al señalar que tampoco debería existir ningún vínculo entre un funcionario y una persona involucrada en el narcotráfico.
Según explicó Canuto, el protocolo establece una regularidad de al menos un control cada dos meses para los legisladores. Los estudios se realizarán en el ámbito de la Legislatura y podrán efectuarse de manera aleatoria y sorpresiva, pero vinculados al desarrollo de la actividad legislativa. Para el diputado, se trata de una exigencia elevada que busca incorporar este tipo de controles como un procedimiento habitual dentro de la actividad política.
Uno de los puntos centrales es qué sucede ante un resultado positivo. El procedimiento contempla que un gabinete técnico médico labre un acta y comunique el resultado al legislador involucrado, quien tendrá derecho a una contraprueba y a impugnar el análisis. Si finalmente el resultado positivo se confirma y no existe una explicación válida, la normativa prevé como consecuencia más grave la posibilidad de destitución del funcionario.
El diputado también cuestionó lo que consideró una “sobreactuación” alrededor de la implementación del narcotest y rechazó la idea de establecer controles diarios. En ese sentido, comparó el procedimiento con los controles antidoping en el deporte y planteó que, con el tiempo, este tipo de mecanismos deberían naturalizarse dentro de la función pública.
El protocolo contempla además qué sustancias serán buscadas en los análisis, entre ellas metabolitos de opioides y cannabinoides, cocaína, anfetaminas y metanfetaminas. Canuto señaló que también se prevén situaciones vinculadas al consumo de medicamentos que puedan generar resultados compatibles con alguna de esas sustancias, para lo cual los legisladores podrán presentar la correspondiente prescripción médica y recurrir a una contraprueba.
