El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro le dio un nuevo golpe judicial a Aníbal Tortoriello al rechazar los planteos de nulidad impulsados por su defensa en la causa Techo Digno. La decisión también alcanzó al exintendente Abel Baratti y dejó firme el avance del expediente, en el que ambos continúan imputados por los delitos de administración fraudulenta y peculado. Aunque todavía no hay fecha de juicio, el máximo tribunal cerró una nueva instancia de discusión planteada por los abogados de los acusados.
La resolución representa un nuevo traspié para el dirigente cipoleño justo cuando ratificó su intención de convertirse en candidato a gobernador de Río Negro. Si bien hoy mantiene intactos sus derechos políticos porque no existe una condena en su contra, el avance de la causa mantiene abierto un frente judicial que podría tener consecuencias políticas en el futuro por la Ley de Ficha Limpia que está vigente en la provincia.
El rechazo del STJ está directamente relacionado con distintos recursos presentados por las defensas durante la etapa de control de acusación. Los abogados pretendían que se declararan nulidades, que se analizara la prescripción de la acción penal y que se revisara la calificación legal de los hechos atribuidos a los exintendentes. Sin embargo, los jueces entendieron que esos planteos ya habían sido abordados y resolvieron desestimarlos.
Además, el máximo tribunal recordó que semanas atrás ya había intervenido en el expediente al resolver recusaciones contra integrantes del Tribunal de Impugnación. En aquella oportunidad rechazó una recusación contra el juez Miguel Cardella, pero aceptó las presentadas contra Carlos Mussi y Adrián Zimmermann, ordenando su apartamiento. Con esta nueva resolución, el STJ volvió a intervenir y ratificó el rumbo del proceso.
La investigación gira alrededor del plan nacional Techo Digno, un programa financiado por el Gobierno nacional para construir viviendas sociales. Según la acusación fiscal, durante las gestiones municipales de Baratti y Tortoriello una importante cantidad de fondos enviados específicamente para ese fin no fueron utilizados para levantar las casas comprometidas.
De acuerdo con la investigación judicial, pagaron 5.000 millones de pesos de más de fondos provenientes de Nación. Esos recursos habían sido transferidos por la Nación exclusivamente para ejecutar viviendas destinadas a familias que esperaban una solución habitacional. Precisamente, esa utilización irregular del dinero público es la base de las acusaciones por administración fraudulenta y peculado que pesan sobre los exintendentes.
Mientras tanto, el expediente continúa sin llegar al juicio oral. Los distintos recursos e impugnaciones promovidos por las defensas fueron prolongando la tramitación de una causa que lleva varios años en los tribunales y que todavía permanece en la etapa de control de acusación.
Afiliación a La Libertad Avanza
Aunque el diputado nacional renovó su banca como integrante de la lista violeta que impulsaba el presidente Javier Milei, el pasado lunes Tortoriello firmó su afiliación. Hasta ahora era un aliado, como miembro de su partido político Creo Río Negro. Además, ratificó su intención de competir por la Gobernación de Río Negro. Candidatura que deberá pulsear con el senador Enzo Fullone, quien también se muestra con intenciones.
Sin embargo, el expediente judicial sigue avanzando y cada resolución adversa mantiene el caso en el centro de la escena. Es que en Río Negro está vigente la Ley de Ficha Limpia, que impide ser candidato a quienes cuenten con determinadas condenas judiciales en los términos previstos por la norma. Por ahora, la situación procesal de Tortoriello no alcanza para imposibilitar su candidatura, porque solo está acusado y no registra una sentencia en su contra. No obstante, la causa sigue su curso y el juicio oral será la instancia en la que se determinará si existen responsabilidades penales por el manejo de los fondos del plan Techo Digno.
