La Justicia puso bajo la lupa a un peso pesado de la política rionegrina. La fiscalía imputó al actual diputado libertario y ex intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello. La acusación también recayó sobre su antecesor en el sillón del cuarto piso del edificio de la calle Yrigoyen 379, Abel Baratti. La Justicia le formuló cargos por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y peculado, en el desarrollo del Plan Techo Digno, un programa que prometía 404 viviendas y terminó convertido en un agujero negro con 5 mil millones de pesos pagados de más.
Según la investigación, los dos intendentes avalaron un festival de sobreprecios: se habrían pagado, a valores actualizados, unos 5.000 millones de pesos más de lo realmente ejecutado en las obras. Mientras Baratti hoy disfruta de su jubilación en San Martín de los Andes, Tortoriello sigue en la primera línea política: es diputado nacional electo por el PRO, pero saltó a La Libertad Avanza, fuerza con la que busca renovar su banca el próximo 26 de octubre.
El convenio se firmó en abril de 2015 entre la Secretaría de Viviendas de la Nación y el municipio de Cipolletti. Baratti fue quien licitó y adjudicó las obras en cuatro paquetes: Roque Mocciola (102 casas), Zigma (105), Eca (100) y la local Zoppi (97). Tenían un plazo de 12 meses, pero la fiscal Natalia Poblete detectó que las constructoras cobraron mucho más de lo que efectivamente levantaron: en promedio, un 22% por encima de lo construido.
El esquema no terminó ahí. Cuando Tortoriello asumió, en lugar de cortar con los pagos irregulares, la maniobra siguió su curso. Y hubo otro movimiento sospechoso: fondos del programa Techo Digno fueron desviados a otras cuentas municipales, lo que hizo casi imposible seguir la ruta del dinero enviado desde Nación.
La causa no solo apunta a los exintendentes. También están acusados de defraudación a la administración pública al roquense Domingo Mocciola, el reginense Arturo Mendiberry (Zigma), el cipoleño José Daniel Zoppi (Zoppi S.A.) y la ex contadora municipal Lucila Chiocconi. Para la fiscalía, sin su participación, el entramado de sobrepagos y desvíos nunca habría sido posible.
El caso recién comienza a ventilarse en los tribunales, pero ya genera ruido político y social. Las 404 viviendas del Plan Techo Digno, que alguna vez fueron la esperanza de cientos de familias cipoleñas, hoy son el símbolo de lo que la fiscal definió como una “maniobra fraudulenta de proporciones millonarias”.
