La causa por el programa federal de viviendas “Techo Digno” continúa avanzando en distintas localidades de Río Negro, con definiciones judiciales que involucran a exintendentes y empresarios de la construcción. En Cinco Saltos, la jueza Alejandra Berenguer rechazó los planteos de prescripción de la acción penal presentados por las defensas de los exintendentes Liliana Edith Alvarado y Germán Félix Epul, y del presidente de la empresa constructora Zigma S.A., Arturo Mendiberri.
La Fiscalía atribuyó a los exfuncionarios los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado, mientras que al empresario se le imputó participación necesaria en administración fraudulenta.
Los hechos se vinculan con la ejecución de un convenio suscripto en 2015 para la construcción de 92 viviendas en el contexto del programa “Techo Digno”. Según la acusación, durante la ejecución del acuerdo se certificaron avances de obra superiores a los efectivamente constatados y se cuestionaron movimientos de fondos entre distintas cuentas bancarias del municipio.
Las defensas argumentaron que los plazos de prescripción debían computarse desde la finalización de los mandatos de los exintendentes y que los movimientos bancarios no configuraban peculado. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal se opuso, sosteniendo que la prescripción se encontraba suspendida mientras cualquiera de los imputados ejerciera un cargo público, conforme el artículo 67 del Código Penal.
Berenguer recordó que la prescripción en materia penal constituye una cuestión de orden público que debe resolverse de manera previa a cualquier decisión sobre el fondo, y rechazó los planteos.
En paralelo, en Fernández Oro, el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna pidió la condena del exintendente Omar Reggioni y del empresario Néstor Sarasola, también imputados de administración fraudulenta en perjuicio del Estado durante la implementación del programa “Techo Digno”.
Durante el juicio, que se extendió por cuatro jornadas y contó con la declaración de 16 testigos, Márquez Gauna sostuvo que hubo “una mala administración por parte del jefe comunal que facilitó el desvío de fondos”. El veredicto se conocerá el 24 de febrero a través de una audiencia virtual.
