La legisladora de Primero Río Negro, Yolanda Mansilla, planteó que el proyecto de ley que ratifica el convenio para que la provincia asuma la gestión, administración y mantenimiento de las rutas nacionales 22 y 151 debe incluir una facultad expresa para reclamar ante Nación los recursos que legalmente correspondan a Río Negro.
El pedido fue presentado ante el presidente de la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo de la Legislatura, Carlos Valeri, durante el tratamiento del proyecto de Ley 1012/2026, que además contempla la declaración de la Emergencia Vial Provincial.
Mansilla propuso modificar el artículo 4 de la iniciativa para facultar al Ejecutivo a determinar, gestionar, reclamar y percibir créditos, transferencias, compensaciones y otros recursos nacionales destinados al financiamiento vial, incluyendo los provenientes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y otros fondos con afectación específica.
“La Provincia está tomando una decisión de enorme trascendencia al asumir responsabilidades sobre dos rutas estratégicas que durante décadas estuvieron bajo jurisdicción nacional. Si Río Negro va a hacerse cargo de las obras, el mantenimiento y la seguridad vial, también tiene que estar expresamente facultada para reclamar cada peso que legítimamente le corresponda”, sostuvo Mansilla.
La legisladora advirtió que la transferencia obligará a afrontar con recursos provinciales la recuperación de corredores deteriorados y recordó que el propio proyecto autoriza un endeudamiento de hasta US$60 millones para financiar las primeras intervenciones. “No podemos discutir solamente cómo conseguir financiamiento o cuánto se va a endeudar la Provincia. Antes debemos asegurarnos de reclamar todos los recursos que Río Negro tiene derecho a percibir”, afirmó.
Mansilla señaló que existen regímenes nacionales de distribución y afectación de recursos provenientes de los combustibles destinados a infraestructura y mantenimiento vial. Por ello consideró necesario que la futura ley otorgue al Ejecutivo herramientas suficientes para gestionar esos fondos y, eventualmente, reclamar administrativa o judicialmente aquellos montos que correspondan y no sean transferidos.
“Estamos de acuerdo en que Río Negro debe tener capacidad para resolver un problema que afecta diariamente a miles de vecinos, a la producción y a quienes transitan las rutas 22 y 151. Pero asumir responsabilidades no significa resignar derechos. Nación también debe cumplir con las obligaciones financieras que le correspondan”, expresó.
La modificación propuesta establece además que el Gobierno provincial pueda efectuar liquidaciones, intimaciones y reclamos administrativos y, en caso de ser necesario, promover acciones judiciales para obtener el reconocimiento y cobro de fondos adeudados o no transferidos.
Para Mansilla, la transferencia de las rutas debe estar acompañada por mecanismos que protejan las finanzas provinciales: “Queremos que Río Negro tenga autonomía para administrar estas rutas, pero una autonomía real. Eso significa poder decidir y ejecutar las obras, pero también defender los recursos de los rionegrinos y no terminar financiando exclusivamente con impuestos provinciales y endeudamiento responsabilidades que hasta ahora correspondían al Estado Nacional”.
