El Gobierno de Río Negro analiza ponerle un límite de entre el 30% y el 33% a los descuentos que se aplican sobre los salarios de los empleados públicos por deudas con financieras, mutuales, gremios y otras entidades, en medio de un preocupante nivel de endeudamiento que ya dejó a unos 2.000 trabajadores con ingresos inferiores a $400.000 después de las retenciones. El problema atraviesa a buena parte de la administración pública: cerca del 40% de las liquidaciones tiene algún descuento y el impacto trepa al 70% entre los porteros y al 50% entre los policías.
El dato desnuda una realidad que muchas veces queda escondida detrás del recibo de sueldo: no siempre el salario que figura en la liquidación es el dinero que finalmente llega al bolsillo. Una porción importante se va antes, consumida por cuotas, préstamos y otros compromisos asumidos por los trabajadores.
Frente a este escenario, el gobernador Alberto Weretilneck instruyó al Ministerio de Hacienda para que estudie un mecanismo que permita establecer un techo a las retenciones. El ministro Gabriel Sánchez trabaja sobre la propuesta y, al mismo tiempo, analiza qué impacto tendría sobre el sistema de financiamiento al que recurren los propios estatales.
Porque ahí aparece el nudo del problema. Ponerle un freno a los descuentos podría significar un alivio inmediato para quienes hoy entregan una parte demasiado grande de sus haberes para pagar deudas. Pero esa misma decisión podría cerrarles la puerta a nuevos préstamos, ya que las entidades que prestan dinero utilizan el descuento directo sobre el salario como una de las principales garantías de cobro.
El informe de Hacienda pone números sobre la mesa y muestra el nivel de gravedad: unos 2.000 empleados estatales se encuentran en una situación particularmente crítica, con descuentos que hacen que sus ingresos disponibles caigan por debajo de los $400.000.
Pero el fenómeno no se limita a ese grupo. Alrededor del 40% de las liquidaciones de los empleados públicos registra algún tipo de retención. Y cuando el análisis se lleva a determinados sectores, la situación se vuelve todavía más contundente: aproximadamente siete de cada diez porteros tienen descuentos, mientras que entre los policías la proporción ronda la mitad.
Además, un informe oficial presentado ante la Legislatura el año pasado ya había advertido sobre el avance del endeudamiento. En ese momento se había consignado que el 35% de los haberes estatales tenía descuentos vinculados con códigos correspondientes a 14 organizaciones acreedoras.
La discusión gira alrededor de un techo del 30% al 33%, con este último número tomando fuerza también desde la Legislatura.
Desde el Gobierno remarcan que la intención no es hacerse cargo de las deudas acumuladas por los empleados. El propio Weretilneck descartó una salida de ese tipo y explicó que la Provincia no puede asumir los compromisos financieros de sus trabajadores.
El gobernador también relacionó el problema con la pérdida de poder adquisitivo. Reconoció que la Provincia viene actualizando los salarios, pero admitió que esos incrementos no alcanzan para resolver las dificultades que atraviesan muchas familias.
Y ahí aparece la verdadera dimensión del problema: cuando el salario no alcanza, el crédito se convierte en una salida rápida. El problema llega después, cuando las cuotas empiezan a acumularse y el recibo de sueldo se transforma en el lugar donde se cobra cada deuda.
