El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) rechazó la solicitud para instalar un medidor eléctrico en el Club Social, Cultural y Deportivo Ex Obreros del Chocón luego de detectar que la documentación presentada por las autoridades de la institución no coincidía con la registrada oficialmente en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) de la Provincia.
La observación surgió durante el trámite iniciado para obtener un nuevo suministro eléctrico, después de que el Municipio de Senillosa retirara el medidor que estaba a su nombre tras finalizar un convenio de uso del predio. El expediente permanece bajo análisis y podría dar lugar a actuaciones de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas e incluso a una investigación judicial si se comprobara la utilización de documentación adulterada.
Hasta el momento no existe una causa penal abierta ni personas imputadas. La situación continúa siendo evaluada por los organismos competentes.
El reclamo por un medidor derivó en una investigación administrativa
Lo que comenzó como un fuerte reclamo por la instalación de un medidor de energía eléctrica terminó exponiendo una situación institucional mucho más amplia dentro del Club Ex Obreros del Chocón.
Durante la última semana, la entonces presidenta de la institución hasta el vencimiento del mandato, Fernanda Mendoza, reclamó públicamente la colocación de un nuevo medidor al sostener que el predio tenía actividades previstas y alquileres comprometidos, entre ellos una bailanta campera anunciada para el 8 de agosto.
Sin embargo, al revisar la documentación presentada para acreditar la representación legal del club, el EPEN detectó inconsistencias con los registros oficiales de la Provincia y decidió rechazar el trámite.
Esa decisión abrió un expediente que ahora podría tener derivaciones administrativas e incluso judiciales.
La documentación presentada no coincidía con los registros oficiales
El punto central del expediente es la documentación utilizada para acreditar quién representaba legalmente a la institución.
Los documentos oficiales incorporados al expediente muestran que la última comisión directiva reconocida por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas fue designada en agosto de 2022, con un mandato de dos años, que finalizó el 19 de agosto de 2024.
Sin embargo, la copia presentada ante el EPEN habría incorporado modificaciones respecto del documento original.
Entre las diferencias detectadas figuran:
- la extensión de los mandatos de dos a cuatro años;
- la modificación del vencimiento de las autoridades hasta agosto de 2026;
- la consignación de que la institución mantenía regularizada su situación administrativa;
- la omisión de que la comisión directiva tenía el mandato vencido.
Las diferencias quedaron expuestas al comparar esa documentación con la almacenada en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), utilizado por el Gobierno provincial para registrar la documentación oficial.
También habría balances pendientes y autoridades sin regularizar
Fuentes vinculadas al expediente indicaron además que el club mantendría balances pendientes de presentación y que la renovación de autoridades no habría sido formalizada ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
En caso de confirmarse esas irregularidades, el organismo provincial podría requerir la regularización institucional antes de habilitar nuevos trámites administrativos.
Cómo comenzó el conflicto por el suministro eléctrico
El pedido del nuevo medidor surgió después de que el Municipio de Senillosa retirara el suministro eléctrico que permanecía a su nombre.
Durante varios años la comuna utilizó el predio mediante un convenio para desarrollar actividades deportivas, culturales y recreativas. Como contraprestación afrontaba distintos gastos de funcionamiento, entre ellos el servicio eléctrico, además de tareas de mantenimiento y limpieza.
Fuera de ese esquema, el predio también era utilizado para alquileres privados y bailantas, una actividad que, según distintas fuentes consultadas, continuó desarrollándose los fines de semana.
Una vez finalizado el convenio, el municipio solicitó el retiro del medidor y el club inició las gestiones para obtener un suministro propio.
Desde la conducción de la institución cuestionaron la medida al sostener que afectaba actividades ya programadas y alquileres comprometidos.
Un club con historia que hoy enfrenta un escenario incierto
El Club Ex Obreros del Chocón nació junto al desarrollo de la obra hidroeléctrica de El Chocón y durante décadas fue uno de los principales espacios deportivos, sociales y culturales de la localidad.
Con el paso de los años, además de las actividades comunitarias, el predio comenzó a utilizarse para distintos eventos privados y alquileres.
Precisamente, el conflicto actual vuelve a poner bajo análisis la situación administrativa de una institución histórica cuya documentación ahora es revisada por los organismos provinciales.
La deuda eléctrica rondaría los $10 millones
Otro dato que surge del expediente es la deuda acumulada por el suministro eléctrico.
Fuentes consultadas indicaron que el municipio sostuvo el servicio hasta mayo o junio de este año, intentando dar tiempo para que el club regularizara su situación institucional.
Actualmente, la deuda rondaría los 10 millones de pesos, un pasivo que también deberá resolverse para avanzar con un nuevo suministro.
¿Qué consecuencias podría tener el caso?
La resolución administrativa del EPEN dejó asentado que la documentación presentada no coincide con los registros oficiales del Estado provincial.
Si durante la investigación se comprobara que se utilizó deliberadamente un documento oficial alterado para acreditar una representación inexistente ante un organismo público, la conducta podría analizarse bajo el artículo 292 del Código Penal, que sanciona la falsificación o adulteración de instrumento público con penas de uno a seis años de prisión.
A su vez, el artículo 296 establece que quien utiliza conscientemente un documento falso recibe la misma pena prevista para quien lo falsificó.
No obstante, hasta el momento no existe una investigación penal formal ni personas imputadas, por lo que cualquier eventual responsabilidad deberá ser determinada por la Justicia.
Por qué el caso trasciende un simple trámite eléctrico
Aunque el expediente se originó por la colocación de un medidor, el caso terminó poniendo bajo la lupa la situación administrativa de una asociación civil.
En Argentina, los clubes deben mantener actualizadas sus autoridades, balances y documentación ante los organismos de control para poder realizar trámites oficiales, gestionar subsidios, celebrar convenios y representar legalmente a la institución.
La detección de inconsistencias documentales puede derivar en observaciones administrativas, impedir nuevas gestiones e incluso dar intervención a la Justicia cuando existen indicios sobre la autenticidad de la documentación presentada.
Estado actual del caso
El trámite para instalar el medidor eléctrico continúa rechazado por el EPEN.
Mientras tanto, la situación institucional del Club Ex Obreros del Chocón permanece bajo análisis de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, organismo que deberá determinar si corresponde iniciar actuaciones administrativas.
En paralelo, la eventual existencia de responsabilidades penales dependerá de las conclusiones que puedan surgir de futuras investigaciones. Hasta el momento, no hay imputaciones ni una causa judicial abierta.
