El senador nacional Martín Soria presentó un proyecto para modificar el reparto del Impuesto a los Combustibles Líquidos y garantizar recursos a las provincias que asuman la gestión de rutas nacionales, en medio de la creciente discusión por el estado de la infraestructura vial y el traspaso de responsabilidades desde Nación hacia los gobiernos provinciales.
La iniciativa apunta directamente a un problema que ya genera tensión en Río Negro: las provincias podrían quedarse con la obligación de mantener rutas nacionales sin recibir en tiempo y forma la plata que se recauda justamente para infraestructura y transporte. Soria cuestionó los acuerdos mediante los cuales distintos gobernadores aceptaron hacerse cargo de determinados tramos sin que quedara asegurado el financiamiento.
El proyecto propone modificar el artículo 19 de la Ley 23.966 y establece un nuevo esquema de distribución del impuesto. Allí se contempla un 5% para las provincias que tengan convenios de transferencia de gestión de rutas nacionales, además de los porcentajes destinados al Tesoro, vivienda, provincias, seguridad social e infraestructura.
Pero hay un dato que busca hacer todavía más explosiva la discusión: la plata debería repartirse en función de los kilómetros de rutas nacionales que tenga cada provincia bajo su responsabilidad. De esa manera, el dinero seguiría una lógica concreta: más kilómetros de rutas transferidas significarían una mayor asignación para garantizar mantenimiento, reparación y funcionamiento.
Soria también puso el foco sobre los fondos que, según los datos incorporados en los fundamentos del proyecto, permanecieron sin ejecutar. La iniciativa señala que el 73,8% de los recursos recaudados para el Sistema Vial Integrado no fueron utilizados y que alrededor de $1,5 billones permanecieron inmovilizados y colocados en inversiones financieras.
El planteo del senador rionegrino es que existe una fuerte contradicción: los habitantes de las provincias siguen pagando el impuesto a los combustibles, mientras los gobiernos locales podrían terminar afrontando con recursos propios el mantenimiento de rutas que históricamente estuvieron bajo responsabilidad nacional. Para Soria, transferir la obligación sin transferir también los fondos genera una situación difícil de sostener.
La propuesta ahora deberá atravesar el Congreso y abrir una discusión que promete ser áspera: quién se queda con la plata y quién se queda con las rutas rotas. Según los datos incluidos por Soria, con los recursos involucrados podrían intervenirse hasta 25.000 kilómetros de la red vial nacional, por lo que detrás del proyecto no hay solamente una pelea de porcentajes, sino una disputa por quién deberá poner los millones necesarios para que las rutas no sigan deteriorándose.
