Los Vocales Gremiales de UnTER en el Consejo Provincial de Educación (CPE) y de las Juntas de Clasificación Docente expresaron su rechazo a las modificaciones introducidas al Estatuto del Personal Docente (Ley N.º 391) mediante la norma sancionada por la Legislatura el pasado 6 de agosto. La reforma incorpora condiciones vinculadas a la residencia y establece puntajes diferenciados según el lugar de formación y el domicilio de los docentes.
Los representantes gremiales manifestaron su preocupación por la alteración de aspectos centrales del Estatuto Docente rionegrino por fuera del ámbito paritario, sin instancias de participación y consulta con quienes integran el sistema educativo. Denunciaron que la ley fue sancionada “de espaldas a los trabajadores de la educación”, vulnerando los pilares históricos del sindicalismo docente garantizados por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial.
Advirtieron que la normativa discrimina y fragmenta a la docencia, al fijar un sistema de puntajes adicionales y restricciones arbitrarias basadas en el lugar de graduación o en exigencias de residencia previa. Señalaron que esto vulnera el principio de igualdad de oportunidades y estigmatiza a los educadores según su procedencia geográfica.
Desde las funciones que la Ley 391 asigna a las Juntas de Clasificación, que es la de contar antecedentes, elaborar órdenes de mérito e intervenir en concursos, ingresos, interinatos y suplencias, remarcaron que los criterios deben ser claros, objetivos, transparentes y equitativos. La incorporación de puntajes diferenciados, sostuvieron, introduce desigualdades ajenas a la formación, la experiencia o la trayectoria profesional.
Asimismo, alertaron que estas medidas funcionan como un ajuste y un desvío de las verdaderas urgencias educativas, ya que impulsan normativas de control y segmentación territorial mientras se profundiza la desinversión, se desatienden las condiciones edilicias y se cierran espacios escolares que ponen en riesgo fuentes laborales, culturales y productivas.
En ese contexto, reafirmaron que ninguna política educativa es legítima si se construye marginando a quienes sostienen las escuelas todos los días. Rechazaron las modificaciones unilaterales por fuera del ámbito paritario y ratificaron su compromiso con un régimen de ingreso y clasificación que garantice la igualdad de oportunidades, la transparencia y el reconocimiento de la formación y trayectoria profesional de todos los trabajadores de la educación.
