Río Negro dio un paso que el Gobierno provincial considera histórico en la defensa de sus recursos naturales. El gobernador Alberto Weretilneck promulgó la ley que establece el canon por el uso del agua destinada a la generación hidroeléctrica, una medida que permitirá a la Provincia percibir una compensación económica por el aprovechamiento de los ríos que alimentan las represas del Comahue.
La norma había sido aprobada por la Legislatura en su última sesión y consolida en el marco legal provincial un derecho que comenzó a reconocerse durante las negociaciones que Río Negro y Neuquén mantuvieron con el Gobierno nacional en el proceso de renovación de las concesiones hidroeléctricas.
Durante décadas, los ríos rionegrinos aportaron energía al sistema eléctrico nacional sin que la Provincia recibiera una retribución considerada acorde por el uso de ese recurso estratégico. Con la nueva ley, ese esquema cambia y queda establecido el cobro de un canon equivalente al 1% de la energía comercializada por las empresas concesionarias.
Ese porcentaje forma parte de un esquema total del 2%, que será distribuido en partes iguales entre Río Negro y Neuquén, las dos provincias donde se encuentran emplazadas las principales centrales hidroeléctricas del Comahue.
Para Weretilneck, la promulgación de la ley representa mucho más que un ingreso económico para las arcas provinciales. "Esta ley le da marco legal definitivo a un logro histórico. No se trata solamente de recursos económicos: es defender nuestros derechos, hacer cumplir nuestra Constitución y ejercer un federalismo real", afirmó el mandatario.
Desde el Gobierno provincial sostuvieron que la medida forma parte de una política destinada a fortalecer la defensa de los recursos rionegrinos y garantizar que la riqueza generada por ellos también beneficie a la provincia. Además, señalaron que los ingresos que se obtengan por este canon permitirán financiar obras de infraestructura, impulsar proyectos de desarrollo y generar nuevas oportunidades para Río Negro durante las próximas décadas.
La promulgación de la ley representa uno de los últimos pasos del proceso iniciado con la renegociación de las concesiones hidroeléctricas y consolida un reclamo que la Provincia sostuvo durante años para obtener una participación económica por el aprovechamiento de sus recursos hídricos.
