La tensión que se vivió durante la sesión de la Legislatura de Río Negro terminó trasladándose a la calle. Después de los cruces y reclamos dentro del recinto, el legislador Juan Murillo denunció que fue rodeado, insultado e intimidado por dirigentes de UNTER cuando se detuvo a cargar combustible en una estación de servicio de Viedma. El episodio fue grabado y difundido en redes sociales vinculadas al gremio.
El hecho generó una fuerte reacción del gobernador Alberto Weretilneck, quien salió públicamente a repudiar lo ocurrido y apuntó contra la conducción del sindicato docente. “La patota y el escrache son inadmisibles en la Argentina de hoy”, afirmó el mandatario provincial.
La jornada ya había estado marcada por momentos de tensión dentro de la Legislatura, donde dirigentes de UNTER cuestionaron a legisladores viedmenses durante el debate. También fueron hostigados, según el Gobierno provincial, la presidenta del IPROSS, Ivana Porro, y su equipo, que se acercaron al recinto para presenciar la discusión.
El punto más caliente llegó después de la sesión. Murillo sostuvo que los dirigentes gremiales lo siguieron hasta una estación de servicio, donde lo rodearon y lo increparon. El episodio ocurrió luego de que la Legislatura aprobara por mayoría la libre elección de obra social para los trabajadores estatales, una reforma que había generado el fuerte rechazo de parte de los gremios.
“La representación gremial no da derecho a intimidar a nadie. Ninguna diferencia política o sindical justifica el apriete ni el hostigamiento a los representantes elegidos por los rionegrinos”, sostuvo Weretilneck, quien reclamó a la conducción de UNTER que asuma su responsabilidad y repudie este tipo de situaciones.
El Gobernador también apuntó contra el rol de los dirigentes sindicales vinculados a la educación. “La responsabilidad de enseñar también exige dar el ejemplo y respetar a quienes piensan distinto”, manifestó.
Por último, Weretilneck insistió en que los conflictos gremiales y políticos no pueden trasladarse a situaciones de intimidación. “El patoterismo no puede condicionar el debate público ni las decisiones de los representantes elegidos por los rionegrinos”, concluyó.
