La crisis institucional y política de Allen sumó un nuevo capítulo y volvió a dejar a Marcelo Román frente a un escenario judicial incómodo: la Procuración General de Río Negro consideró que su planteo contra el avance de la revocatoria no constituye un conflicto de poderes y que deberá tramitar por la vía contencioso administrativa. El no resolvió si la junta de firma para destituir al intendente es válida, pero sí le cerró al mandatario libertario la posibilidad de llevar esta pelea directamente ante el Superior Tribunal de Justicia por la vía que había elegido. Y mientras los expedientes circulan por los tribunales, en la ciudad continúa abierta una disputa política que ya pasó por una suspensión del jefe comunal, su regreso al cargo, denuncias cruzadas y ahora una carrera contra el reloj para definir si la revocatoria llega o no a las urnas.
La decisión adquiere mayor peso porque llega apenas unas semanas después de que Román recuperara el despacho municipal. El Concejo Deliberante había dispuesto su suspensión preventiva en julio, una medida que generó una de las mayores crisis institucionales de los últimos tiempos en la ciudad. En agosto, el propio procurador Crespo había dictaminado que el cuerpo legislativo se había extralimitado al apartar al intendente y había recomendado al STJ declarar la nulidad de aquella suspensión. Finalmente, el máximo tribunal provincial anuló la medida y Román regresó al Ejecutivo.
Pero el regreso no significó el final de la pelea. Todo lo contrario. Con Román nuevamente sentado en el sillón de la Intendencia, la disputa se trasladó al proceso de revocatoria impulsado por vecinos y continuó escalando entre el Ejecutivo y el Concejo. El intendente cuestionó las resoluciones mediante las cuales el Legislativo local dio continuidad al mecanismo y sostuvo que no se había acreditado correctamente el requisito de firmas necesario para ponerlo en marcha. También planteó que el Concejo había avanzado sobre facultades que, según su interpretación, no le correspondían.
Sin embargo, la Procuración hizo una lectura diferente. Para Crespo, no existe en este caso una disputa entre poderes municipales por el ejercicio de una competencia determinada. Lo que Román está cuestionando, según el dictamen, son resoluciones concretas dictadas por el Concejo Deliberante y su eventual validez jurídica. Por eso, el planteo no debería resolverse mediante la herramienta constitucional del conflicto de poderes, sino a través del fuero contencioso administrativo, donde podrá discutirse si esos actos tienen algún vicio que justifique su nulidad. La pelea judicial, entonces, no desaparece: cambia de escenario.
Y mientras los abogados discuten la vía judicial, la revocatoria tiene un reloj propio. El Concejo consideró válidas 2.345 de las 3.111 firmas presentadas inicialmente, por encima de las 2.290 necesarias para superar el primer filtro del 10% del electorado municipal. Román cuestionó ese conteo y señaló irregularidades, entre ellas firmas repetidas, personas que no figurarían en el padrón y otros problemas en las planillas. El Concejo, en cambio, sostuvo que el requisito estaba cumplido y habilitó la siguiente etapa del mecanismo.
Ahora la cifra que todos miran es otra: 4.579 firmas. Ese número representa el 20% del padrón municipal de 2023 y es el umbral que, de alcanzarse dentro del período previsto, obligaría a convocar a un referéndum popular para que los vecinos definan la continuidad o no del intendente. La recolección comenzó el 10 de septiembre y tiene como fecha límite el 9 de octubre. Es decir, mientras Román pelea en los tribunales por la legalidad del procedimiento, en las calles corre otro expediente: el de las firmas.
Además, la crisis ya desbordó largamente la discusión administrativa. La suspensión de Román provocó una fractura institucional entre el Ejecutivo y el Concejo, mientras que el regreso del intendente abrió otro frente de conflicto. A eso se sumaron denuncias penales cruzadas y acusaciones políticas entre quienes sostienen que el Concejo intentó desplazar a un funcionario elegido por el voto popular y quienes defienden las decisiones adoptadas contra la gestión municipal. El resultado es una ciudad donde cada movimiento político termina convertido en una nueva presentación judicial.
