El gobernador Alberto Weretilneck volvió a poner el fichado biométrico facial en el centro de la tormenta: después de que la Justicia suspendiera el sistema en Salud y frenara las sanciones contra quienes no se enrolaran, el gobierno rechazó el planteo de ASSPUR, ratificó la obligatoriedad del mecanismo y admitió que durante su implementación hubo fallas de información y falta de diálogo con los gremios. Mientras tanto, la pelea judicial sumó un nuevo capítulo con otra presentación contra el sistema.
Qué sucedió durante esta semana
La decisión oficial llega después de una semana particularmente áspera. La Cámara Laboral de Viedma había suspendido la aplicación de la Resolución 986/2026, que imponía el registro mediante reconocimiento facial y geolocalización, y había frenado además la posibilidad de castigar a los trabajadores que se negaran a utilizarlo. El Gobierno quedó así obligado a resolver primero el planteo administrativo que había presentado ASSPUR.
Y ahora llegó la respuesta. Weretilneck rechazó el recurso y sostuvo que el Estado tiene facultades para controlar la asistencia de sus empleados sin pedirles permiso individual para hacerlo. La posición oficial es que registrar el horario forma parte de las obligaciones del empleo público y que la administración puede definir el mecanismo para hacerlo.
Pero el decreto no salió indemne de la pelea. En sus propios fundamentos, el Ejecutivo reconoció que hubo problemas durante la puesta en marcha del sistema. Admite que un planteo de ASSPUR no recibió respuesta formal en tiempo oportuno y que, en algunas dependencias, se ordenó el enrolamiento sin brindar a los trabajadores toda la información necesaria.
Es más: el Gobierno también reconoce que la falta de diálogo previo con los gremios "ha alimentado el conflicto". La frase no es menor. En medio de una disputa que ya llegó varias veces a los tribunales, el propio Ejecutivo reconoce que parte del problema estuvo en cómo se implementó una herramienta que afecta directamente la manera en que miles de trabajadores registran su jornada laboral.
Qué pasará ahora
Ahora promete corregir esa parte del esquema. El decreto ordena avanzar con mayor información para los trabajadores y los gremios, una política de privacidad, una versión pública de la evaluación de impacto y precisiones sobre quién administra los datos, cómo se utilizan y qué garantías existen para protegerlos.
El Gobierno también insiste en uno de sus principales argumentos para defender el sistema: asegura que las fotografías de los trabajadores no quedan almacenadas. Según la explicación oficial, la imagen se utiliza para generar una plantilla matemática irreversible y luego es descartada.
Sin embargo, en ese mismo terreno aparece una de las discusiones más delicadas. El Ejecutivo sostiene que los datos biométricos utilizados no son "datos sensibles" en los términos de la legislación nacional, pero el propio decreto cita una normativa de la Función Pública que se refiere a la "naturaleza sensible" de este tipo de registros. La contradicción queda plasmada en la propia argumentación oficial y agrega combustible a una discusión que ya tiene varios expedientes judiciales.
Hay otro punto que el Gobierno decidió despejar: el celular personal. Los trabajadores no estarán obligados a utilizar sus propios teléfonos para registrar la asistencia. El mecanismo deberá funcionar también mediante las terminales fijas instaladas en los hospitales.
Mientras el Ejecutivo intenta cerrar administrativamente el conflicto, los tribunales cuentan otra historia. El 22 de septiembre, un planteo de UPCN había sido rechazado y la Justicia no había encontrado, en ese caso, una ilegalidad manifiesta ni un daño grave e irreparable que justificara frenar el sistema.
Pero apenas dos días después, la Cámara Laboral de Viedma tomó otro camino frente a la presentación de ASSPUR: suspendió la aplicación del fichado y frenó las sanciones que podían derivarse de la negativa a utilizarlo. El eje de la discusión quedó puesto en la protección de los datos personales y la autodeterminación informativa.
Y lejos de apagarse, el conflicto volvió a encenderse. Con la resolución del Gobierno sobre la mesa, UPCN regresó a la Justicia y volvió a cuestionar la aplicación de la Resolución 986/2026 para los trabajadores de Salud. El gremio pidió que se declare su invalidez o, subsidiariamente, que no sea aplicable a los trabajadores alcanzados por la medida, y también planteó una cautelar para quienes ya manifestaron su oposición y todavía no fueron enrolados.
Así, el fichado facial se convirtió en bastante más que un nuevo método para marcar entrada y salida. Es una pulseada sobre hasta dónde puede llegar el Estado para controlar a sus empleados, qué puede hacer con sus datos biométricos y qué garantías debe cumplir antes de convertir ese mecanismo en obligatorio.
