Marcelo Román no se quedó con el el fallo del STJ que lo restituyó en la intendenciay ahora va por más: denunció a concejales y exfuncionarios ante el Tribunal de Cuentas y pidió que respondan personalmente por el costo de la ordenanza que lo suspendió. La presentación apunta contra el concejal Guillermo Pennesi, el asesor legal del Concejo, Néstor Soler, y los demás ediles que impulsaron y sostuvieron las normas que terminaron siendo anuladas. El intendente pretende que paguen los gastos judiciales, incluidos los honorarios equivalentes a 35 Jus..
Pero la ofensiva no termina ahí. El intendente también puso la lupa sobre el período en el que Fabián Figueroa quedó al frente del Ejecutivo municipal. Román sostiene que, al haber sido declaradas nulas las ordenanzas que dieron origen al interinato, los haberes percibidos por Figueroa entre el 24 y el 31 de julio no tiene sustento legal. Por eso reclamó la restitución de esas sumas y también de un anticipo financiero de 1,5 millones de pesos correspondiente a agosto.
Además, el jefe comunal volvió sobre uno de los puntos más sensibles de toda la disputa: el veto. Según el planteo presentado ante el Tribunal de Cuentas, el Concejo Deliberante habría impedido que se tratara el veto de la ordenanza que suspendía a Román, bloqueando de esa manera una facultad que está expresamente reconocida por la Carta Orgánica Municipal.
Ese argumento se conecta directamente con el fallo que le permitió regresar a la Intendencia. El STJ consideró que el Concejo había excedido sus competencias al aplicar el artículo 109 de la Carta Orgánica, ya que la formulación de cargos de una investigación penal no podía equipararse automáticamente al antiguo procesamiento que contemplaba esa norma.
A partir de allí, Román habla de una alteración en el procedimiento de formación de las normas municipales y de “usurpación de atribuciones ejecutivas”. Es decir, el intendente no cuestiona solo cuánto costó la suspensión: pretende que se revise cómo se construyó institucionalmente la decisión que terminó apartándolo del cargo.
Y todavía queda una carta más fuerte sobre la mesa. En su presentación, Román dejó reservada la posibilidad de avanzar por la vía penal si durante la investigación del Tribunal de Cuentas aparecen elementos que puedan configurar delitos. Entre las figuras que menciona aparecen abuso de autoridad, usurpación de funciones y desobediencia judicial.
Román fue suspendido en julio luego de que se formularan cargos en su contra en una causa penal por presunto peculado y administración fraudulenta. El Concejo aprobó entonces su apartamiento y Figueroa quedó al frente del Ejecutivo. La medida fue adoptada por seis votos contra tres.
Sin embargo, el STJ terminó dándole la razón al intendente. El máximo tribunal provincial declaró la nulidad de las Ordenanzas 044/2026 y 045/2026 y también dejó sin efecto los actos administrativos derivados de ellas. El argumento central fue que la Carta Orgánica exigía un procesamiento penal para habilitar ese mecanismo de suspensión y que la actual formulación de cargos no podía ser considerada equivalente.
