La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) aseguró que el sistema obligatorio de control de asistencia mediante biometría facial y geolocalización continúa suspendido por decisión judicial, pese al Decreto 903/26 firmado por el gobernador Alberto Weretilneck que ratificó la validez del mecanismo y rechazó los planteos administrativos presentados por el gremio.
La organización sindical salió a fijar posición luego de que se conociera la resolución del Ejecutivo provincial que cerró la vía administrativa y confirmó la obligatoriedad del sistema para los trabajadores de Salud. En ese decreto, el Gobierno sostuvo que el registro de asistencia integra las obligaciones propias del empleo público y que su control constituye una facultad legítima del Estado empleador.
La Provincia también reafirmó que no se requiere consentimiento de los trabajadores para implementar el sistema biométrico. “No hay, por tanto, un consentimiento arrancado bajo amenaza, porque no hay un consentimiento que la ley exija”, sostiene el texto oficial.
Sin embargo, ASSPUR remarcó que el decreto no modifica la situación judicial del expediente. El gremio recordó que la Cámara del Trabajo de Viedma hizo lugar a la medida cautelar presentada por la organización y ordenó suspender la aplicación de la Resolución 986/26 hasta que concluya el proceso administrativo y judicial en curso.
El sindicato sostiene que el Decreto 903/26 constituye “un acto administrativo más dentro del proceso” y enfatiza que la resolución cuestionada “continúa suspendida por orden judicial”. En esa línea, ratificó que continuará impulsando acciones legales para frenar la aplicación del sistema.
La controversia se centra en el uso de datos biométricos y de geolocalización para registrar la asistencia del personal sanitario. Mientras el Gobierno considera que se trata de una herramienta válida de control laboral, ASSPUR sostiene que afecta derechos vinculados a la privacidad y a la protección de datos personales.
