Cincuenta años después, el nombre de María Luisa Salto vuelve a quedar ligado a una noticia que sacude la memoria de Cipolletti. A la joven que todos conocían como Marita la encontraron. Los estudios genéticos permitieron identificar sus restos en Córdoba, donde había sido secuestrada durante la última dictadura militar. Tenía apenas 20 años cuando la maquinaria represiva la arrancó de la calle, la llevó al centro clandestino de detención La Perla y la convirtió en una de las tantas víctimas cuyo destino fue ocultado durante décadas.
La confirmación representa un punto de inflexión para sus hermanos y para una familia que nunca dejó de cargar con una ausencia imposible de resolver. No se trata solamente de identificar restos humanos: es recuperar la identidad de una joven cipoleña a la que el terrorismo de Estado intentó borrar, junto con las huellas de sus últimos días y las pruebas de los crímenes cometidos. Después de medio siglo, la ciencia forense consiguió lo que durante años pareció condenado a permanecer entre testimonios fragmentarios, expedientes judiciales y preguntas sin respuesta.
Una joven de Cipolletti en la mira de la dictadura
María Luisa nació el 8 de diciembre de 1955 en Cipolletti. Era hija de Julio Dante Salto y Margarita Isabel Segovia, y había elegido Córdoba para estudiar Medicina en la Universidad Nacional. Cursaba el tercer año de la carrera, pero su vida no transcurría solamente entre libros y aulas. Desde adolescente tenía un fuerte compromiso social y político, una militancia que había comenzado durante sus años de escuela secundaria y que continuó en la universidad.
Integraba la Juventud Universitaria Peronista (JUP), militaba en Montoneros y presidía el Centro de Estudiantes de Medicina. Quienes la conocieron la recordaron como una joven alegre, estudiosa y trabajadora, capaz de combinar sus obligaciones académicas con la participación política y social. En los veranos, incluso, trabajaba en una librería. Detrás de la militante había una chica de 20 años que estudiaba, trabajaba y construía un futuro que la dictadura terminó por destruir.
El 28 de julio de 1976, cuatro meses después del Golpe Militar, fue secuestrada en la calle, en Córdoba. La fecha quedó grabada en la historia familiar como el comienzo de una búsqueda que se prolongaría durante décadas. Su padre recorrió hospitales, comisarías y dependencias militares para intentar encontrarla. No obtuvo una respuesta que permitiera conocer su destino. La desaparición forzada imponía así una doble condena: el secuestro de una hija y el silencio de quienes sabían qué había ocurrido.
La Perla, el lugar donde se perdió su rastro
Los testimonios de sobrevivientes permitieron reconstruir parte del recorrido de Marita después del secuestro. La joven fue llevada a La Perla, uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron durante la dictadura fuera del área metropolitana de Buenos Aires. El predio estaba bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez, uno de los principales responsables del aparato represivo en Córdoba.
Por ese centro clandestino pasaron miles de personas. Muchas fueron torturadas y asesinadas, y sus cuerpos terminaron en enterramientos clandestinos destinados a ocultar los crímenes. Los sobrevivientes fueron fundamentales para reconstruir lo sucedido dentro de La Perla, identificar a las víctimas y aportar pruebas en los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad.
En el caso de Marita, los testimonios permitieron establecer que había sido vista allí después de su secuestro. Sin embargo, durante medio siglo no hubo una respuesta definitiva sobre el destino de sus restos. Su nombre siguió formando parte de la lista de personas desaparecidas de Cipolletti, mientras la familia intentaba reconstruir una historia que la represión había dejado deliberadamente incompleta.
El ADN que rompió cinco décadas de silencio
La identificación fue posible a partir de los trabajos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que recuperó y analizó restos óseos encontrados en Loma del Torito, en Córdoba, en el marco de la causa judicial conocida como Enterramientos Clandestinos. Los estudios antropológicos y el cotejo genético permitieron establecer la identidad de personas desaparecidas que habían pasado por La Perla y otros circuitos represivos de la provincia.
La investigación judicial apunta a que en esos terrenos se realizaron enterramientos clandestinos y que, años después, parte de los cuerpos habría sido removida con maquinaria pesada para intentar borrar las evidencias. Los restos que quedaron en el lugar son hoy una pieza central para reconstruir los crímenes y avanzar en la identificación de las víctimas.
La causa continúa abierta y todavía hay perfiles genéticos en proceso de identificación. Cada resultado permite reconstruir una parte de lo que ocurrió en Córdoba y aporta evidencia sobre un sistema represivo que no solamente secuestró, torturó y asesinó, sino que también intentó hacer desaparecer los cuerpos para ocultar sus responsabilidades.
Los Salto, una familia que forma parte de la historia de Cipolletti
La noticia también golpea de lleno a Cipolletti por la historia de la familia Salto, protagonista de la vida política y social de la ciudad. Julio Dante Salto, padre de Marita, fue médico y se desempeñó como intendente en la década de 1960, durante una etapa de fuertes tensiones políticas en Río Negro. Su nombre está asociado a la historia del llamado Cipolletazo, uno de los episodios más recordados de la política regional.
La familia también quedó vinculada a la vida pública por el recorrido de otros de sus integrantes. Julio Rodolfo Salto, hermano de Marita, llegó a ser intendente de Cipolletti. María Emilia Salto, conocida como Beba, tuvo una trayectoria política en Neuquén y sobrevivió a los centros clandestinos de detención. Su testimonio en juicios por delitos de lesa humanidad contribuyó a reconstruir parte del funcionamiento del aparato represivo y las historias de otras víctimas.
El apellido Salto, por lo tanto, no remite solamente a una familia conocida. Está ligado a distintas etapas de la historia de Cipolletti, a sus disputas políticas y a una tragedia que atravesó a varias generaciones. La desaparición de Marita fue una herida que quedó abierta dentro de esa familia y también en una ciudad que todavía conserva los nombres de sus vecinos secuestrados durante la dictadura.
En Cipolletti, María Luisa Salto integra el memorial dedicado a las víctimas del terrorismo de Estado vinculadas con la localidad. Allí comparte espacio con otras personas que fueron secuestradas y desaparecidas, en una lista que recuerda que la represión no fue una historia lejana ni ajena a la región. También alcanzó a jóvenes que habían nacido, estudiado o construido sus vínculos en el Alto Valle.