La interna de La Libertad Avanza en Río Negro suma un nuevo capítulo judicial. El allense señalado como operador político en Facebook, Damián Humberto Sánchez quedó acusado por extorsión, en la que se denuncia que exigió cerca de 10.000 dólares a Nicolás Suárez Colman y Graciela Krieger para retirarse de Republicanos Unidos, bajo amenazas de destruirlos políticamente y con una supuesta campaña de difamación en redes sociales. La causa agrega un antecedente explosivo al conflicto que ya había quedado expuesto públicamente durante el acto del senador Enzo Fullone en Roca donde hubo agresiones físicas.
La historia, sin embargo, no empezó con los golpes ni con la designación de la esposa de Suárez Colman como asesora en el Senado de Fullone. Los hechos investigados se remontan a una reunión partidaria realizada en 2023, cuando Sánchez colaboraba con Republicanos Unidos (partido de Suárez Colman integrante de la alianza La Libertad Avanza en Río Negro). En ese encuentro también habrían estado presentes los dirigentes Luciano Villanueva, Santiago Varela y Fabricio Zanoni.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Sánchez le reclamó a Suárez Colman y Krieger una suma cercana a los 10.000 dólares. El argumento que habría utilizado era que había afrontado gastos para conseguir bases de datos robadas con el objetivo de utilizarlas en afiliaciones políticas. Los denunciantes se habrían negado tanto a pagar como a participar de esas maniobras. Hay que recordar que la habilitación de Republicanos Unidos quedo envuelta en una denuncia por afiliaciones truchas con datos robados de los padrones de estudiantes de la Universidad del Comahue.
La negativa, siempre según la denuncia, habría dado paso a las amenazas. La providencia sostiene que Sánchez les advirtió que iba a destruirlos y sacarlos para siempre de la vida política si no entregaban el dinero. La acusación agrega que las presiones no se habrían limitado a aquella reunión, sino que se extendieron en el tiempo mediante intermediarios y publicaciones en varias páginas de Facebook que, según el relato fiscal, él administraba.
El objetivo de esas acciones, de acuerdo con la presentación, fue obligar a los denunciantes a pagar o abandonar definitivamente la política rionegrina. En su exposición, el representante del Ministerio Público menciona ataques contra su reputación y su vida privada, una dimensión que ahora forma parte de la investigación penal. No obstante, la providencia no permite determinar por sí sola la autoría de cada publicación ni el contenido completo de las pruebas digitales incorporadas.
De la pelea en Roca a la causa por extorsión
El nuevo expediente conecta con el escándalo que Mejor Informado publicó el 14 de marzo de 2026, después de la presentación política de Fullone en General Roca. Aquella jornada, que debía servir para mostrar al senador y fortalecer la presencia territorial de La Libertad Avanza, terminó atravesada por una pelea entre Suárez Colman y Sánchez, con una agresión que le provocó una lesión en la nariz al segundo y una denuncia penal.
En esa oportunidad, el conflicto quedó vinculado con la designación de Yanina Krieger, esposa de Suárez Colman, como asesora de Fullone. Las publicaciones de Sánchez contra la mujer habían alimentado la disputa que terminó estallando frente a militantes y simpatizantes libertarios.
Ahora, la fiscalía incorpora otra versión del trasfondo de esa relación: la denuncia sostiene que las exigencias económicas y amenazas comenzaron años antes de la pelea pública. La secuencia obliga a mirar más allá de la escena de los golpes y a reconstruir una disputa política que, de acuerdo con los denunciantes, venía acumulando tensión desde la conformación de Republicanos Unidos.
La coincidencia de protagonistas no significa, por sí sola, que la agresión física y la presunta extorsión formen parte de un mismo plan. Sí permite advertir que la pelea de marzo no fue el primer episodio del enfrentamiento entre quienes compartían un espacio político y que ahora aparecen enfrentados en una investigación judicial.
Testigos, publicaciones y 27 archivos
La fiscalía enumeró distintos elementos reunidos en el legajo como prueba. Entre ellos figuran la denuncia presentada el 9 de marzo de 2026 por Graciela Krieger y Nicolás Suárez Colman, una ampliación posterior y testimonios de Luciano Villanueva, Fabricio Zanoni y Santiago Varela, quienes concurrieron a declarar en junio. También se mencionan testimonios de Fernando Omar Rodríguez, Leonardo Amílcar Boela, Liliana Martín y Julián Goinex.
A ese material se suma un informe de análisis técnico de la OITEL, que documentó el acceso a publicaciones de Facebook aportadas por la fiscalía. La operación se realizó el 12 de junio de 2026 y quedó registrada en un informe escrito y un video. El expediente también incluye 27 archivos de fotos y videos entregados por Suárez Colman.
La calificación legal consignada es la de extorsión, prevista en el artículo 168 del Código Penal, con referencia al artículo 45 sobre participación criminal. Se trata del encuadre que figura en la actuación fiscal, no de una condena ni de una declaración judicial de culpabilidad.
El caso vuelve a poner bajo la lupa las disputas internas de un espacio político que busca consolidarse en Río Negro. Lo que hasta ahora había quedado expuesto en una pelea pública y en la polémica por una designación en el Senado suma una investigación por presuntas exigencias de dinero, amenazas y ataques digitales.
Por ahora, el documento acredita la existencia de una denuncia y detalla la hipótesis investigada y parte de la prueba reunida. No permite afirmar que Sánchez haya sido condenado ni establecer cuál será el desenlace judicial. Pero sí deja planteado un interrogante que excede aquella jornada de gritos y golpes en Roca: cuánto de la pelea que estalló a la vista de todos venía gestándose desde mucho antes dentro de la propia interna política.
