La Justicia de Familia de Bariloche hizo lugar al reclamo de una mujer que buscaba recuperar el apellido de sus padres biológicos, secuestrados y asesinados durante la última dictadura militar. Había sido adoptada por sus tíos paternos cuando era niña y durante décadas llevó el apellido de la familia que la crio. Ahora, una resolución judicial reconoció su derecho a recuperar una parte fundamental de su identidad, en una historia atravesada por el terrorismo de Estado, el dolor y una búsqueda que permaneció abierta durante casi medio siglo.
La presentación judicial tuvo una particularidad que no pasó inadvertida: fue realizada el 24 de marzo de 2026, exactamente cuando se cumplían 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar. En ese escrito, la mujer reconstruyó parte de su historia familiar y explicó que pudo conocer detalles sobre lo sucedido con sus padres a partir de la información que surgió durante los juicios por delitos de lesa humanidad realizados en Mendoza.
Después del secuestro y asesinato de sus padres, ella y sus hermanas quedaron bajo el cuidado de sus tíos paternos. Con el paso del tiempo, los familiares las adoptaron y, a partir de esa decisión, se modificó la composición de sus apellidos: al que habían recibido de sus padres biológicos se le agregó y antepuso el de la familia adoptiva. Así transcurrieron buena parte de sus vidas, aunque para ella había una historia que necesitaba reconstruir.
Sin embargo, hubo un episodio que terminó de impulsarla a dar el paso. Cuando solicitó su partida de bautismo en la ciudad donde había nacido, descubrió que en ese documento todavía figuraba con su nombre y apellido originales. El hallazgo le provocó una profunda emoción. Allí estaba, intacta en un registro religioso, una parte de su identidad que había quedado relegada durante décadas.
A partir de ese momento decidió que no quería seguir postergando el reclamo. En la presentación judicial explicó que necesitaba poder pronunciar su nombre y apellido sin detenerse a pensar ni experimentar angustia. Pero detrás de esa necesidad también estaba una herida mucho más profunda: nunca pudo conocer con exactitud qué ocurrió con sus padres ni encontrar sus cuerpos.
"Es un dolor inexplicable; en un duelo que no tiene respuesta y es una incógnita de imposible resolución", expresó al describir las consecuencias que todavía tiene aquella tragedia familiar.
La jueza Cecilia Wiesztort consideró especialmente ese recorrido personal y los elementos incorporados a la causa. Entre ellos, tuvo en cuenta un informe del Cuerpo de Investigación Forense, cuya profesional interviniente describió un proceso de reconstrucción de identidad coherente y sostenido. El análisis psicológico fue determinante para comprender que el pedido no respondía a un rechazo hacia sus tíos ni hacia la familia que la había criado.
Por el contrario, el informe señaló que la mujer buscaba integrar su historia de crianza con su identidad de origen y conseguir que su reconocimiento legal coincidiera con la manera en que ella se reconoce a sí misma. La diferencia no era menor: no pretendía borrar una parte de su vida, sino recuperar otra que había quedado marcada por la violencia de la dictadura.
¿Cuáles son los fundamentos de la resolución?
En los fundamentos de la resolución, la magistrada sostuvo que el nombre y el apellido son atributos esenciales de la personalidad y representan mucho más que una identificación en los documentos. También citó disposiciones del Código Civil y Comercial y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para respaldar la protección del derecho a la identidad.
Además, vinculó el caso con las consecuencias del terrorismo de Estado y recordó que la búsqueda de la verdad y el reconocimiento de la identidad forman parte de los procesos de reparación frente a las graves violaciones de derechos humanos. En ese sentido, la recuperación del apellido no podía interpretarse como un simple trámite ante el Registro Civil.
Finalmente, la jueza entendió que estaban acreditados los justos motivos exigidos por la legislación y autorizó que la mujer dejara de utilizar el apellido de sus tíos paternos para conservar exclusivamente el de sus padres biológicos.
Casi medio siglo después, la Justicia de Bariloche reconoció un derecho que para ella tenía un significado mucho más profundo que una modificación registral. Sus padres no están, todavía desconoce las circunstancias exactas de sus muertes y nunca pudo encontrar sus cuerpos. Pero ahora podrá volver a llevar legalmente el apellido de la familia de la que fue separada durante la dictadura.
