El legislador Luciano Delgado Sempé pidió la renuncia de la Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, al considerar que el organismo no cumple adecuadamente su función de controlar al Estado y defender los derechos de los ciudadanos frente a distintos conflictos que afectan a la provincia.
“La Defensoría del Pueblo está para controlar al Gobierno, no para retransmitir las respuestas de sus ministros. Los rionegrinos no pagamos una institución para que funcione como una gestoría de Weretilneck”, sostuvo.
Delgado Sempé recordó que la Ley Provincial 2756 otorga facultades a la Defensoría del Pueblo para investigar, controlar y promover acciones judiciales cuando están comprometidos derechos de los ciudadanos. En ese contexto, sostuvo que la actuación de Santagati ha sido “profundamente insuficiente” frente a algunos de los problemas más relevantes de la provincia.
“La Defensoría del Pueblo debe defender a los rionegrinos, no al gobernador Alberto Weretilneck. Por eso le pido públicamente la renuncia a Adriana Santagati. Si no está dispuesta a enfrentar al poder para defender al pueblo, debe dar un paso al costado”, señaló.
Jubilaciones docentes, agua y tarifas
Uno de los puntos centrales de las críticas estuvo dirigido a la situación de más de 400 docentes que, según señaló, enfrentan dificultades para acceder a la jubilación por la incidencia de sumas no remunerativas en sus salarios. Delgado Sempé cuestionó que, frente a ese problema, la Defensoría no haya impulsado medidas más contundentes para exigir soluciones.
También apuntó a la situación de Las Perlas, donde vecinos de 17 barrios recurrieron a la Justicia para reclamar el acceso al agua potable. El legislador sostuvo que el organismo debería haber tenido una intervención más activa frente a los incumplimientos denunciados.
El representante de Vamos con Todos también incluyó entre sus cuestionamientos la situación ambiental vinculada a los desbordes cloacales y a la contaminación de canales que desembocan en el río Negro. A su vez, cuestionó la actuación de la Defensoría frente a los aumentos tarifarios solicitados por EDERSA y afirmó que la participación en audiencias públicas no resulta suficiente para defender a los usuarios.
