El Gobierno de Río Negro avanzó con una medida que impactará de manera directa en los ingresos de los empleados públicos provinciales. El gobernador Alberto Weretilneck firmó el decreto que establece nuevos límites para los descuentos aplicados sobre los salarios por deudas contraídas con bancos, entidades financieras, mutuales y organizaciones gremiales.
La decisión fija un esquema de reducción progresiva que comenzará a regir durante los primeros meses de 2027. Según lo anunciado, los descuentos no podrán superar el 50% del salario en enero, bajarán al 40% en febrero y tendrán un tope definitivo del 33% a partir de marzo.
La medida apunta a un problema que afecta a una parte importante de los trabajadores estatales, cuyos haberes llegan a tener fuertes descuentos por compromisos financieros asumidos con distintas entidades. El objetivo oficial es garantizar que los agentes públicos dispongan de una mayor proporción de sus salarios y evitar que las retenciones absorban gran parte de los ingresos mensuales.
Habrá renegociación con bancos y mutuales
Además de establecer límites a los descuentos, la Provincia anunció que impulsará conversaciones con bancos, financieras y mutuales para revisar las condiciones vigentes de los compromisos asumidos por los trabajadores. La intención es avanzar en mecanismos de refinanciación y revisar tasas y condiciones de pago, de manera que la adecuación al nuevo régimen no genere situaciones de incumplimiento para los deudores.
La medida encuentra fundamento en datos oficiales que ya habían sido informados por el Ejecutivo provincial. Según cifras difundidas por el Ministerio de Hacienda, cerca de 19.000 trabajadores del Poder Ejecutivo registraban descuentos a favor de entidades financieras, mutuales y otros organismos habilitados.
Esa cantidad representa aproximadamente un tercio de la planta de empleados estatales de la provincia. Con la entrada en vigencia del nuevo esquema, el Gobierno busca reducir el impacto de esos descuentos sobre los salarios y mejorar la disponibilidad de ingresos de miles de familias rionegrinas. La medida alcanza a todos los trabajadores dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, independientemente de su régimen laboral. Quedan excluidos del nuevo límite los aportes jubilatorios, las cuotas sindicales, las contribuciones a obras sociales, los seguros y las retenciones judiciales, que continuarán sujetos a sus propias normas.
